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Domingo 24 de junio de 2018

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Editorial y opiniones

LA ESPADA EN LA PALABRA

Quiborax en el grandioso mar de sal

24 jun 2018

Ignacio Vera de Rada

La Procuradur√≠a del Estado boliviano, esa instituci√≥n que, adem√°s de generar burocratizaci√≥n como muchas otras, s√≥lo sirve para tener m√°s funcionarios en el aparato estatal y, por tanto, m√°s adeptos al r√©gimen¬? la Procuradur√≠a del Estado, decimos, quiere iniciar un proceso judicial al expresidente Carlos Mesa. Las intenciones impl√≠citas de ese proceso son, hasta para el m√°s ingenuo de nuestros lectores, evidentes.

El bandido de hoy no es quien dispara impunemente a un joven manifestante, ni el carterista, ni el fuerza cerraduras de los bancos, sino cualquier potencial candidato a la Presidencia de Bolivia, que para el Gobierno es como una rata fuera de su madriguera. El bandido puede ser cualquier hombre libre, en realidad, puede ser cualquier hombre virtuoso o incluso un héroe. La finalidad consiste en alejar del escenario a cualquier persona que sea capaz de derrotar limpiamente en una contienda electoral al presidente, cuya candidatura sería ilegal.

El juicio en el que eventualmente puede estar envuelto Mesa ser√≠a eminentemente pol√≠tico. Pero bien; el Ministerio P√ļblico, donde hace poco Mesa ha asistido para presentar una objeci√≥n de rechazo al proceso que se le quiere iniciar, ha de analizar la situaci√≥n desde - ¬°ojal√° sea as√≠!- un punto de vista netamente jur√≠dico, pero que no quepa duda de que los susurros de los del Ejecutivo han de ser escuchados por los o√≠dos de los del Judicial. Cosa lamentable pero cierta en nuestro medio.

El gobierno de Mesa, mediante el decreto 27589, revirtió la concesión que se le asignó a Quiborax en el salar de Uyuni por una serie de irregularidades. Pero, en realidad, la expulsión de la empresa fue ratificada por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Una historia escabrosa precede a este conflicto. Un punto de partida podr√≠a ser la promulgaci√≥n de la funesta Ley 1854, o "Ley Valda", elaborada por el senador potosino Gonzalo Valda y luego firmada por los ministros de Hugo Banzer, Carlos Iturralde Ballivi√°n, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner. Esta ley, nefasta desde todo punto de vista, conced√≠a a capitales extranjeros grandes √°reas del salar, ricas en ulexita y litio. Entonces se liberaron m√°s de un mill√≥n de hect√°reas del delta del r√≠o Grande para las concesiones que expoliaban los recursos naturales bolivianos. Pero el pueblo potosino, valeroso en la defensa de los intereses de la naci√≥n, protestaba pero ning√ļn gobierno prestaba atenci√≥n a tales alborotos.

Lo que deber√≠a haber hecho la Procuradur√≠a fue investigar si la empresa Quiborax, de capitales chilenos, ten√≠a todos sus papeles en regla, cosa que no era as√≠ porque ahora se sabe con certidumbre que David Moscoso, accionista de esta corporaci√≥n, fue enjuiciado por el Estado boliviano por adulteraci√≥n de documentos y uso de instrumento falsificado. Entonces se llev√≥ a cabo un juicio abreviado, dado que Moscoso admiti√≥ su culpa, y por consecuencia se le dio una condena de dos a√Īos de prisi√≥n. Si la Procuradur√≠a hubiese procurado investigar, de forma patri√≥tica e imparcial, como debe ser su labor, los documentos de la mencionada empresa chilena, probablemente ese oneroso laudo arbitral no hubiese reca√≠do sobre Bolivia.

Pero hay otra cosa; yo pongo en duda la probidad jurisdiccional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi), dado que es cuestionable cómo una controversia en la que se invirtió una determinada cantidad de dinero tenga que ser zanjada y saldada con muchísimos millones de dólares más que la inversión inicial del demandante.

(*) Licenciado en Ciencias Políticas

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