Quiborax en el grandioso mar de sal

La Procuraduría del Estado boliviano, esa institución que, además de generar burocratización como muchas otras, sólo sirve para tener más funcionarios en el aparato estatal y, por tanto, más adeptos al régimen� la Procuraduría del Estado, decimos, quiere iniciar un proceso judicial al expresidente Carlos Mesa. Las intenciones implícitas de ese proceso son, hasta para el más ingenuo de nuestros lectores, evidentes.

El bandido de hoy no es quien dispara impunemente a un joven manifestante, ni el carterista, ni el fuerza cerraduras de los bancos, sino cualquier potencial candidato a la Presidencia de Bolivia, que para el Gobierno es como una rata fuera de su madriguera. El bandido puede ser cualquier hombre libre, en realidad, puede ser cualquier hombre virtuoso o incluso un héroe. La finalidad consiste en alejar del escenario a cualquier persona que sea capaz de derrotar limpiamente en una contienda electoral al presidente, cuya candidatura sería ilegal.

El gobierno de Mesa, mediante el decreto 27589, revirtió la concesión que se le asignó a Quiborax en el salar de Uyuni por una serie de irregularidades. Pero, en realidad, la expulsión de la empresa fue ratificada por el gobierno de Eduardo Rodríguez Veltzé.

Una historia escabrosa precede a este conflicto. Un punto de partida podría ser la promulgación de la funesta Ley 1854, o "Ley Valda", elaborada por el senador potosino Gonzalo Valda y luego firmada por los ministros de Hugo Banzer, Carlos Iturralde Ballivián, Edgar Millares Ardaya e Ivo Kuljis Futchner. Esta ley, nefasta desde todo punto de vista, concedía a capitales extranjeros grandes áreas del salar, ricas en ulexita y litio. Entonces se liberaron más de un millón de hectáreas del delta del río Grande para las concesiones que expoliaban los recursos naturales bolivianos. Pero el pueblo potosino, valeroso en la defensa de los intereses de la nación, protestaba pero ningún gobierno prestaba atención a tales alborotos.

Lo que debería haber hecho la Procuraduría fue investigar si la empresa Quiborax, de capitales chilenos, tenía todos sus papeles en regla, cosa que no era así porque ahora se sabe con certidumbre que David Moscoso, accionista de esta corporación, fue enjuiciado por el Estado boliviano por adulteración de documentos y uso de instrumento falsificado. Entonces se llevó a cabo un juicio abreviado, dado que Moscoso admitió su culpa, y por consecuencia se le dio una condena de dos años de prisión. Si la Procuraduría hubiese procurado investigar, de forma patriótica e imparcial, como debe ser su labor, los documentos de la mencionada empresa chilena, probablemente ese oneroso laudo arbitral no hubiese recaído sobre Bolivia.

Pero hay otra cosa; yo pongo en duda la probidad jurisdiccional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (Ciadi), dado que es cuestionable cómo una controversia en la que se invirtió una determinada cantidad de dinero tenga que ser zanjada y saldada con muchísimos millones de dólares más que la inversión inicial del demandante.

(*) Licenciado en Ciencias Políticas