El caso Quiborax es un emblema de la forma autoritaria e irresponsable como funciona el gobierno del Presidente Morales. Veámoslo en una secuencia ordenada.
1.- Las acciones penales que el Procurador Pablo Menacho pide iniciarme por los supuestos e inexistentes delitos producto de mi decreto (DS) 27589 de 23 de junio de 2004 son inconducentes, porque el hecho ha prescrito superabundantemente, por lo que iniciar un proceso sobre la citada norma es ilegal.
3.- En la hipótesis de que, a pesar de los dos puntos anteriores la ProcuradurÃa decidiera insistir en su acusación, debe quedar claro que los defectos de forma fueron totalmente subsanados en mi gobierno mediante la Resolución Administrativa de 28 de octubre de 2004, dictada por la Superintendencia de Minas (SM) que anuló todas las concesiones adjudicadas a Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax. Por si esto fuera poco, el DS de Eduardo RodrÃguez que abrogó mi DS, reconoció la plena legalidad de la anulación hecha por la SM, subrayando que esa Resolución causaba estado. Por esa razón Bolivia llegó con toda su normativa saneada ante cualquier reclamo de NMM-Quiborax.
5.- Los propietarios de NMM-Quiborax, Allan Fosk propietario chileno de Quiborax y David Moscoso accionista de NMM y otros, falsificaron el acta de constitución de la empresa. Esa falsificación alteró su composición accionaria. El documento falsificado indicaba que NMM tenÃa una mayorÃa accionaria chilena, lo cual era falso. Tal delito era imprescindible para poder presentar una demanda de arbitraje ante el Ciadi, amparándose en el Tratado de protección de inversiones suscrito entre Chile y Bolivia. El citado delito fue reconocido expresamente por David Moscoso en el proceso penal abreviado, que el 14 de agosto de 2009 lo condenó a dos años de cárcel por uso de instrumento falsificado. A pesar de la gravedad del delito que contaminó de nulidad absoluta todo el proceso arbitral desde la presentación de la demanda, Bolivia no logró la extinción de este proceso viciado.
La combinación del delito flagrante de falsificación del documento madre del proceso y la simple presentación de un flujo de caja, hacÃan inverosÃmil el reclamo de la cifra astronómica que le exigieron a Bolivia y la que, como producto de tamaña irresponsabilidad del Ministerio de Defensa del Estado y de la ProcuradurÃa, Bolivia acabó pagando.
Haciendo honor a su modo habitual de proceder, el gobierno quiere enterrar su irresponsabilidad endilgándome a mà el "muerto". Busca asà un doble resultado: eximir su daño al Estado y eliminar a una figura polÃtica relevante en un escenario electoral ficticio, que se basa en la ilegal postulación del primer mandatario a un cuarto periodo presidencial.
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