Viernes 09 de septiembre de 2016
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Tres de cuatro senadores que integran la Comisión de �tica aprobaron las modificaciones al Reglamento de �tica, de los cuales, dos son del MAS (Erwin Rivero y Ancelma Perlacios) y otra es la senadora del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Gómez. Con esa norma se busca obligar a los senadores que tengan sentencia en primera instancia a pedir licencia a la Cámara Alta. Por esta figura Unidad Demócrata denuncia que se busca cesar en sus funciones al legislador Arturo Murillo.
La Comisión de �tica está conformada por Rivero, Perlacios, Gómez y la senadora de UD, Mirtha Arce. Los tres primeros firmaron el informe con las modificaciones al reglamento; mientras que Arce no participó porque se encuentra en semana regional. La bancada de Unidad Demócrata dijo que fue sorprendida porque la senadora Gómez avaló las modificaciones "inconstitucionales" al reglamento, para sancionar las faltas de carácter ético de los senadores.
"La comisión está conformada por dos de la oposición y dos del oficialismo. Pero hay un informe emitido por tres parlamentarios, dos del MAS y no entendemos la firma de la senadora del PDC (Patricia Gómez)", declaró en rueda de prensa el senador Edwin RodrÃguez.
ANF buscó comunicarse con la senadora Gómez, sin embargo, su relacionista público dijo que ésta no realizarÃa ninguna declaración, por ser parte de la Comisión de Ã?tica.
UD considera que la norma busca perseguir a los senadores opositores que están cumpliendo sus funciones de fiscalización y que en lo inmediato pretenden "cesar" de sus funciones al senador Arturo Murillo, que ya tiene una sentencia en primera instancia.
Una de las modificaciones señala que es "deber" de los senadores que tienen sentencia a solicitar una "licencia temporal" hasta que su situación legal se esclarezca. Los legisladores de UD aseguran que es una medida que vulnera la presunción de inocencia y los derechos polÃticos establecidos en la CPE.
"A través de un Reglamento no se puede obligar a los senadores a solicitar licencia", afirma RodrÃguez. Asimismo, observan que en la norma interna del Senado se confunda entre lo que es un delito y una falta, ya que jurÃdicamente existe una diferencia sustancial.
