Sábado 15 de enero de 2011
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Editorial y opiniones
De la “Operación Cóndor” al debido proceso
15 ene 2011
Por: Fernando Valdivia Delgado
La persecución política o ideológica en el ámbito Latinoamericano, nuevamente cobra actualidad y se abre al debate jurídico como un fenómeno no esclarecido plenamente en el ejercicio del sistema democrático continental, pese a que este derecho forma parte de la economía jurídica que legisla en todos los países del mundo, el conjunto de los derechos humanos, incluyendo Bolivia.
El derecho a pedir y recibir el beneficio por persecución política, nace poco después del periodo dictatorial de los años setenta, cuando los gobiernos militares imponen en el Cono Sur la sangrienta “Operación Cóndor”, con la consigna: “guerra a los enemigos internos de la Patria”.
El objetivo de la denominada “Operación Cóndor” estaba destinado a “liquidar a dirigentes estudiantiles, sindicales y políticos de izquierda”, mediante un plan coordinado que funcionó en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, inicialmente. Bolivia, mediante un acuerdo presidencial posterior, se incorporó como parte de ese conjunto que permitió al Gral. Hugo Banzer Suárez, mantenerse en el poder dictatorial, durante más de siete años. Esta estrategia no desterrada del escenario político, mantiene ese objetivo central y hoy tiende a “liquidar a los denominados políticos de derecha” o “neoliberales” que no piensan ni actúan dentro la línea ideológica propuesta por la estructura del poder político vigente, por lo menos, en tres países de nuestra América.Esta trágica realidad de los años setenta, proyectada por el general chileno, Manuel Contreras, estuvo fundamentada en lo que los militares denominaron “la lucha por la seguridad nacional” convertida en el “poder internacional del terrorismo de Estado” y que, sólo en Chile, cobró la vida de 3.197 personas, diez veces menos que en la República Argentina, cuyo cálculo de la mayor matanza producida en América del Sur, asciende a más de 30.000 personas asesinadas.
