Miercoles 28 de julio de 2010
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La propuesta planteada en niveles superiores de Gobierno para establecer un nuevo régimen aduanero que evite el contrabando, por un lado y amplié las posibilidades de recaudaciones tributarias por otro, parecía excelente y podía vislumbrarse una nueva dinámica en defensa de la industria y el comercio que funcionan legalmente y obligar a un enorme contingente laboral irregular a ingresar en la “formalidad” de su contribución impositiva.
Claro, así planteadas las cosas se observó en niveles empresariales y comerciales del país cierto reconocimiento a la obligación que tiene el Estado para precautelar los intereses nacionales por encima de sectores o segmentos de la comunidad que logran su medio de vida desde actividades ilícitas, como el contrabando y su secuela del comercio informal.
No bien se hace conocer los planes de autoridades gubernativas para aplicar cambios sustanciales en el trabajo aduanero surgen las opiniones contrarias que se originan directamente en los afectados que así se identifican con claridad como contrabandistas y/o evasores de impuestos.
Ciertamente la primera disposición era muy contundente en lo que corresponde a la aplicación “radical” de una nueva Ley de Aduanas, que no discrimina la calidad de “importaciones” supuestamente legales, el monto de operaciones y el cuidado de cualquier mercadería en grandes depósitos de la ciudad, como garajes o tinglados o de tipo temporal medianos y chicos en proximidades de las ferias. El anuncio era incautación del contrabando y afectación de los inmuebles y/o vehículos complicados en las operaciones ilícitas.
Fuente: LA PATRIA
