La propuesta planteada en niveles superiores de Gobierno para establecer un nuevo régimen aduanero que evite el contrabando, por un lado y amplié las posibilidades de recaudaciones tributarias por otro, parecía excelente y podía vislumbrarse una nueva dinámica en defensa de la industria y el comercio que funcionan legalmente y obligar a un enorme contingente laboral irregular a ingresar en la “formalidad” de su contribución impositiva.
Claro, así planteadas las cosas se observó en niveles empresariales y comerciales del país cierto reconocimiento a la obligación que tiene el Estado para precautelar los intereses nacionales por encima de sectores o segmentos de la comunidad que logran su medio de vida desde actividades ilícitas, como el contrabando y su secuela del comercio informal.
No bien se hace conocer los planes de autoridades gubernativas para aplicar cambios sustanciales en el trabajo aduanero surgen las opiniones contrarias que se originan directamente en los afectados que así se identifican con claridad como contrabandistas y/o evasores de impuestos.
Ciertamente la primera disposición era muy contundente en lo que corresponde a la aplicación “radical” de una nueva Ley de Aduanas, que no discrimina la calidad de “importaciones” supuestamente legales, el monto de operaciones y el cuidado de cualquier mercadería en grandes depósitos de la ciudad, como garajes o tinglados o de tipo temporal medianos y chicos en proximidades de las ferias. El anuncio era incautación del contrabando y afectación de los inmuebles y/o vehículos complicados en las operaciones ilícitas.
Era de esperar la reacción de quienes defienden sus “fuentes de empleo” con el comercio - y eso es cierto - rechazaron de plano tal posición y comenzaron movilizaciones que aún persisten para que se cambie gran parte del contenido de la medida propuesta.
El estado de situación llegó a instancias especiales que obligó a funcionarios de la Aduana Nacional y de un viceministerio a formular aclaraciones, mostrando otra figura, a través de una escala de sanciones para los delitos de menor cuantía que no entran en la sanción penal como grandes operaciones que sufrirán el drástico castigo de la Ley.
Pero la última alternativa expuesta en el nivel superior del Poder Ejecutivo con una propuesta de reducir de 16 a sólo 4 puestos de control aduanero oficiales en el país, el asunto pasa de serio a truculento y como lo señaló una autoridad superior de la Gobernación local, es nada más que una idea descabellada que afectará la economía nacional, pero en particular la de Oruro al querer suprimir el control de Pisiga-Oruro en el punto fronterizo con Iquique - Chile.
Es lamentable que los estrategas de las medidas de coyuntura económica y de proyección del desarrollo de las regiones no asuman el rol que les corresponde para facilitar la estructuración de políticas efectivas que mejoren recaudaciones tributarias y no las restrinjan, pero además que permitan el crecimiento de los departamentos y no los ahoguen con medidas “arrancadas de las ramas”.
El tema de la reducción de puestos aduaneros fronterizos, afectando seriamente planes regionales de magnitud como los que tiene Oruro para su desarrollo futuro, no pueden truncarse con “ideas descabelladas” que por supuesto no se admitirán en el Departamento de acuerdo al criterio de autoridades, instituciones y fuerzas vivas locales.
Fuente: LA PATRIA
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