Las políticas de Protección Social mediante Programas de Transferencia Condicionada en Bolivia

Las políticas de protección social se constituyen en un instrumento de participación entre el Estado y la sociedad con el propósito de mejorar las condiciones de vida y el bienestar social; estas políticas fueron implementadas en varios países para mejorar las condiciones de vida de grupos vulnerables. En este contexto se diseñaron los Programas de Transferencia Condicionada o con corresponsabilidad, aplicados inicialmente en Asia y África en la década de los noventa y posteriormente implementados en América Latina; estos programas consisten en la transferencia de recursos monetarios y no monetarios a los hogares que se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema. El pago de montos en efectivo o la entrega de productos están limitados al cumplimiento de ciertas condicionalidades por parte de la población beneficiaria. Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) menciona que estos programas se sustentan en la premisa de que el ciclo de perpetuación intergeneracional de pobreza está relacionado a la escasa inversión en capital humano a largo plazo, por lo tanto las transferencias se constituyen en un incentivo para los hogares estructuralmente pobres.

Considerando que el mejoramiento de las capacidades humanas está relacionado principalmente con la alimentación, salud y educación; varios programas contemplan transferencias en especie, como suplementos alimenticios, atenciones de salud, servicios educativos, materiales escolares, entre otros. Al momento de concebirse los programas deben delinearse tres elementos; el primero la población objetivo, es decir quiénes serán los beneficiados de las transferencias, se considera al hogar como la unidad de intervención; asimismo, deben establecerse diferentes criterios de elegibilidad, tales como mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, niños en edad escolar, personas con discapacidad, personas desempleadas y adultos mayores, principalmente. El segundo elemento, está referido a los mecanismos de focalización, la manera de seleccionar las unidades geográficas y los hogares con mayores niveles de pobreza o índices de marginalidad. El tercer elemento son los instrumentos de selección y registro de destinatarios, es decir la base de datos de los beneficiarios actuales y potenciales.

Por otra parte es necesario establecer los mecanismos de egreso, es decir cuando los beneficiarios pierden las condiciones de elegibilidad; asimismo, es fundamental las evaluaciones de impacto de manera periódica, para determinar la eficiencia en la utilización de los recursos económicos y la eficacia en el logro de los objetivos y resultados.

En Bolivia se aplicaron políticas de protección social, mediante los programas de transferencias condicionadas, tales como el Bono Juancito Pinto (2006), Renta Dignidad (2007) y el Bono Madre Niño-Niña Juana Azurduy (2009), los mismos están orientados a la educación, protección social y salud. Se establece la condicionalidad del Bono Juancito Pinto a los estudiantes de primaria o secundaria de unidades educativas públicas y de convenio con asistencia mínima del 80% a clases, quienes reciben 200 bolivianos al año. A su vez la población mayor de 60 años de edad, recibe la Renta Dignidad de forma mensual, las personas que no tienen renta cobran 300 bolivianos y los rentistas 250 bolivianos. En cambio la condicionalidad para el Bono Juana Azurduy corresponde a las madres gestantes desde su primer mes de embarazo, hasta que sus lactantes cumplan dos años de edad, previa asistencia a los controles en servicios de salud público, quienes se benefician con un total de 1820 bolivianos (33 meses prenatal, parto y control niño). Cada uno de estos programas requiere un análisis por separado respecto de la población beneficiada, el cumplimiento de las condicionalidades, los recursos económicos invertidos y principalmente los objetivos logrados. La evidencia empírica demuestra que las políticas de protección social permitieron en alguna medida mejorar las condiciones de vida de la población boliviana; sin embargo persisten grupos vulnerables a la pobreza, exclusión y desigualdad. Los avances en Bolivia son importantes, pero surgen diversas interrogantes: ¿los programas de transferencia condicionada se constituyen en la mejor alternativa de política de protección social?, ¿cumplieron sus objetivos, qué condicionalidades deben modificarse?, ¿cómo se podría realizar una adecuada focalización y selección de los criterios de elegibilidad?, ¿en qué medida los programas de transferencia conllevan implícitamente objetivos políticos electorales?, ¿por cuánto tiempo son sostenibles financieramente los programas de transferencia?, ¿cuál es el impacto en la pobreza del Bono Juancito Pinto, Renta Dignidad y Bono Juana Azurduy en Bolivia?, ¿los bonos son mecanismos reales para disminuir los índices de pobreza en el largo plazo?. Por lo tanto, los gobiernos se enfrentan a la disyuntiva entre el aspecto social y económico como consecuencia de la escasez de recursos económicos públicos: ¿es mejor invertir en políticas de protección social o en políticas productivas de desarrollo?

(*) Economista - Docente Planificación Regional, Carrera Economía F.C.E.FA. - UTO.