Día de la Madre tras las rejas se celebra con derechos vulnerados y sin mirada de género

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Son 1.535 mujeres al interior de las cárceles de Bolivia, y más de 1.300 que son madres celebrarán hoy (lunes) su día, en medio de derechos vulnerados. Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel latinoamericano con mayores niveles de mujeres privadas de libertad.

"El día de la madre es una fecha muy emblemática, donde realmente se sienten los efectos de la privación de libertad, cualquier observador que pueda ir este 27 de mayo a una cárcel de mujeres del país, va a encontrar niños agarrados de sus tortas, de sus flores, queriendo dar un presente a sus mamás, pero es desgarrador ver que las estén agasajando en esas condiciones", señaló Marisol Quiroga, activista de derechos humanos.

La Dirección Nacional de Régimen Penitenciario a septiembre de 2018, informó que la población carcelaria femenina asciende a 1.535 mujeres. Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel latinoamericano con el mayor número de mujeres privadas de libertad y con las mayores barreras para el acceso a la justicia.

El Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia realizado en 2018 por Fundación Construir, establece que el país "ocupa el cuarto lugar con mayor porcentaje de mujeres en prisiones dentro de la lista de países miembros de la OEA (Organización de los Estados Americanos), justo después de Guatemala (10,9%), Estados Unidos (9,8%), El Salvador (9,2%) y Chile (8,6%)".

"Pese a que el promedio general del país en relación a población carcelaria sin condena es del 68.13%, para el caso de las mujeres la tasa de aquellas que viven en cárceles en situación de prisión preventiva asciende al 74,36%. Las mujeres constituyen el 8,02% de la población privada de libertad en Bolivia, porcentaje elevado en relación al promedio de América Latina y el Caribe que permanece en el 6%", se lee en el informe de Construir.

Pese a que las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) establecen que la última alternativa para las mujeres madres en conflicto debe ser la detención preventiva, otro estudio realizado por la misma entidad, señala que el 85% de las mujeres privada de libertad entrevistadas en 2016, tenía hijos. De ellas, sólo el 13% tenía a sus hijos viviendo en el recinto penitenciario. En el 5% de los casos los niños quedaron a cargo de la pareja, en el 54% a cargo de otros familiares y en el 41% de los casos quedaron en situación de abandono para cuidarse solos o al cuidado de sus hermanos mayores. Lo que muestra la vulneración en la que se encuentran los niños de madres en conflicto con la justicia.

De acuerdo a la abogada, es urgente dar una mirada a esta problemática a partir de un análisis de género para ver la realidad de las mujeres privadas de libertad, ya que no solo enfrentan un sistema de justicia androcentrista, que impide su acceso en igualdad de condiciones a la justicia, sino a roles socioculturales y de género muy enraizados en la sociedad y en consecuencia en ellas.

"Así mismo debemos tomar en consideración el sistema patriarcal y machista que caracteriza a nuestra sociedad, que aún impone los roles de género. Las mujeres son las ´cuidadoras y protectoras´, cuando a una mujer se la priva de libertad, le cortamos ese rol que se le ha asignado social y culturalmente, entonces para ellas desprenderlas de sus hijos es ejercer una forma de violencia psicológica", manifestó.

La activista en DDHH explicó que en su mayoría las mujeres están detenidas preventivamente por haber cometido delitos de bagatela (delitos menores), como hurto sin agravante, el no pago de deudas, la 1008, delitos contra la propiedad y otros similares, en los que muchas veces son cómplices y no autoras, y están ahí dentro con dos o tres niños, o bien dejan a sus niños afuera de la cárcel, pero vulnerables y solos.

Quiroga reclamó que la justicia no aplique otras opciones como la detención domiciliaria, el pago de garantías y otras medidas sustitutas a la detención preventiva, vigentes en el país.

Sostiene que cuando el Sistema Penal decide sobre la situación jurídica de las mujeres, lo que tiene que ver, bajo el "principio de prioridad social", es si hay niños al cuidado de estas mujeres y entonces aplicar las medidas alternativas.

Pero además sostuvo que se debe dar una mirada al interés superior del niño, cuando se va a decidir sobre la situación jurídica de una mujer, con el fin de evitar el impacto de la cárcel en la familia.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aboga por la importancia del mantenimiento de las relaciones familiares como "una condición indispensable para el bienestar emocional, el aprovechamiento de los programas de resocialización y la reintegración misma".

Sobre normas para proteger el derecho de estas mujeres, se cuenta con el artículo 232.3 del Código de Procedimiento Penal, que manifiesta la improcedencia de la prisión preventiva a mujeres embarazada, pero de acuerdo al Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2018, realizado por Fundación Construir, dicho disposición es incumplida.

"Durante la gestión 2016 a partir del monitoreo de audiencias cautelares se aplicó prisión preventiva a tres (3) de cuatro (4) mujeres embarazadas, dos (2) de ellas imputadas como coautoras del delito de robo agravado con estado avanzado de gestación (5 y 6 meses)", informó Construir.

Fuente: La Paz, 26 de mayo (ANF)