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Son 1.535 mujeres al interior de las cárceles de Bolivia, y más de 1.300 que son madres celebrarán hoy (lunes) su dÃa, en medio de derechos vulnerados. Bolivia ocupa el cuarto lugar a nivel latinoamericano con mayores niveles de mujeres privadas de libertad.
Pese a que las Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) establecen que la última alternativa para las mujeres madres en conflicto debe ser la detención preventiva, otro estudio realizado por la misma entidad, señala que el 85% de las mujeres privada de libertad entrevistadas en 2016, tenÃa hijos. De ellas, sólo el 13% tenÃa a sus hijos viviendo en el recinto penitenciario. En el 5% de los casos los niños quedaron a cargo de la pareja, en el 54% a cargo de otros familiares y en el 41% de los casos quedaron en situación de abandono para cuidarse solos o al cuidado de sus hermanos mayores. Lo que muestra la vulneración en la que se encuentran los niños de madres en conflicto con la justicia.
La activista en DDHH explicó que en su mayorÃa las mujeres están detenidas preventivamente por haber cometido delitos de bagatela (delitos menores), como hurto sin agravante, el no pago de deudas, la 1008, delitos contra la propiedad y otros similares, en los que muchas veces son cómplices y no autoras, y están ahà dentro con dos o tres niños, o bien dejan a sus niños afuera de la cárcel, pero vulnerables y solos.
Quiroga reclamó que la justicia no aplique otras opciones como la detención domiciliaria, el pago de garantÃas y otras medidas sustitutas a la detención preventiva, vigentes en el paÃs.
Sostiene que cuando el Sistema Penal decide sobre la situación jurÃdica de las mujeres, lo que tiene que ver, bajo el "principio de prioridad social", es si hay niños al cuidado de estas mujeres y entonces aplicar las medidas alternativas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aboga por la importancia del mantenimiento de las relaciones familiares como "una condición indispensable para el bienestar emocional, el aprovechamiento de los programas de resocialización y la reintegración misma".
Sobre normas para proteger el derecho de estas mujeres, se cuenta con el artÃculo 232.3 del Código de Procedimiento Penal, que manifiesta la improcedencia de la prisión preventiva a mujeres embarazada, pero de acuerdo al Informe sobre el estado de la justicia en Bolivia 2018, realizado por Fundación Construir, dicho disposición es incumplida.
"Durante la gestión 2016 a partir del monitoreo de audiencias cautelares se aplicó prisión preventiva a tres (3) de cuatro (4) mujeres embarazadas, dos (2) de ellas imputadas como coautoras del delito de robo agravado con estado avanzado de gestación (5 y 6 meses)", informó Construir.
Fuente: La Paz, 26 de mayo (ANF)
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