Autoritarismo y abuso de poder

En pleno siglo XXI, en una democracia -que en muchos países se encuentra consolidada-, permanece la violación a los Derechos Humanos y Constitucionales de las personas, con una justicia fermentada de corrupción, apegada a gobiernos abusivos, totalitarios y autoritarios, cuya permanencia en el poder se convierte en vicio desproporcionado, donde la corrupción, nepotismo, negociados y gastos desmedidos e injustificados se convierten en actos normales y cotidianos, dando inicio al autoritarismo y abuso de poder en gobernantes que no entienden o no quieren entender que gobiernan gracias al poder que les otorgó el soberano, a quien le deben respeto y obediencia. No existe lógica cuando los Gobiernos -con el transcurso del tiempo-, se convierten en autoritarios, haciendo de esta actitud una forma de vida normal, ejerciendo su poder por medio de la violación de preceptos legales, constitucionales, rompiendo el orden democrático y restringiendo la libertad de expresión, consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

La legitimidad de la autoridad, se fundamenta en la creencia generalizada de que ella tiene derecho a prescribir el comportamiento de los subordinados. El poder social, a su vez, se configura cuando un individuo o grupo puede determinar el comportamiento de otros. Esa relación social, implica necesariamente a una persona que detenta el poder, otro sobre la cual es ejercida la que se llama la esfera del poder, o sea, el espacio en el que una dominación "funciona", las circunstancias en que el primero es capaz de determinar el comportamiento del segundo. En el caso de la autoridad, esos elementos serían: la Autoridad; los súbditos o subordinados - aquellos que obedecen de manera incondicional; y el espacio institucional real o imaginario en que la relación es efectiva, o sea, en la que su legitimidad es establecida y aceptada.

La distinción entre autoritarismo y autoridad ha sido definida, con frecuencia, en función de la legitimidad del ejercicio del poder. "Una situación de autoritarismo tiende a instaurarse siempre que el poder es visto como legítimo por quien lo detenta, pero no es reconocido como tal por quien lo sufre" o que "una autoridad puede transformarse en autoritaria, en la medida en que la legitimidad es legal y la pretensión del gobernante de mandar se vuelve, a los ojos de los subordinados en una pretensión arbitraria de mando". El autoritarismo puede ser definido como una relación de poder social en la que la pretensión de ser obedecido incondicionalmente es vista por quien detenta el poder como legítima, pero se presenta, a los ojos de los subordinados (u otros implicados en la relación), como arbitraria e ilegítima.

En el autoritarismo la obediencia incondicional es automática, irreflexiva y con frecuencia "natural" para el sujeto. Difiere de la sumisión por la fuerza, que requiere una vigilancia constante sobre el comportamiento de los súbditos, así como la presencia ostensible de instrumentos de coacción y represión, cuando se caracteriza, sin duda, el autoritarismo. Actuar dentro un régimen autoritario significa obligar a las personas a obedecer sin derecho a explicación e imponer sanciones a quienes no tiene el mismo pensamiento, lo que no estaría muy cerca de una tiranía, comportamientos que serán continuamente rechazados por la población, en un país con alto respeto a los derechos humanos de las personas, consideración a los valores democráticos y al ordenamiento jurídico.

El autoritarismo está relacionado con el abuso de poder, separando la frase se puede decir que el abuso implica el uso excesivo, impropio, injusto e indebido de algo o de alguien, en tanto, el poder es el dominio, la facultad o la jurisdicción que alguien tiene para mandar, o en su defecto, ejecutar alguna acción o actividad.

Una autoridad hace uso del poder que detenta y obliga a un subordinado a hacer cosas que no le competen bajo amenaza de castigarlo o privarlo de algo. Entonces, estamos en condiciones de hablar de abuso de poder o abuso de autoridad cuando un superior o dirigente sobrepasa el ejercicio de sus funciones exigiéndole a un subordinado, con amenazas como la pérdida del empleo u otro beneficio, que realice determinadas acciones o actividades que no se encuentran entre las que debería desarrollar.

Es decir, lo coacciona a realizarlas porque de lo contrario perderá el trabajo o el disfrute de ciertas licencias de las que goza. Una de las modalidades más comunes de este tipo de abuso se da a instancias del poder, justamente cuando una persona accede a un cargo de importancia que le permite tomar ciertas decisiones y disponer de otras, es común que utilice esa influencia y poder que le da su cargo para someter a sus subalternos y obligarlos a realizar determinadas actividades con la misión de satisfacer sus intereses personales y que nada tienen que ver con las funciones para las cuales fueron contratados.

Este tipo de abuso siempre se da entre dos personas que se encuentran ubicadas en diferente lugar en relación a la jerarquía. O sea, el jefe abusa de su subordinado, la autoridad pública ejecuta la misma acción contra quienes se encuentran en inferioridad de situación porque no disponen del poder que les da el cargo que ocupan, llegando incluso al despido injustificado cuando no se le cumplió sus apetitos personales. Se da en contextos como la política, el trabajo y la familia. En tanto, el abuso de poder o autoridad se da en diversos contextos, en el ámbito laboral, en la política y en las familias.

Cualquiera sea el contexto, la coincidencia es que quien detenta el poder hace gala del mismo, para someter a quienes están en condiciones inferiores y así conseguir los objetivos propuestos. Se utilizan diversos mecanismos, pero los más comunes son la amenaza física, la verbal, y por supuesto la violencia física. Esta última muchas veces puede tener un desencadenante trágico con la muerte del subordinado. En la política es un accionar que se ve comúnmente cuando los que se encuentran en el poder utilizan al Ministerio Público, Policía, Poder Judicial para amedrentar y atemorizar con reapertura de juicios cerrados o inicio de otros a opositores que denuncian actos de corrupción, uso indebido de influencias, nepotismo, apropiación indebida de bienes del Estado, etc., delitos cometidos por autoridades y funcionarios del gobierno.

(*) Ingeniero