Recuperar la seguridad jurídica

En países altamente democráticos, sus constituciones comienzan afirmando que proporcionar seguridad a sus habitantes para la efectiva vigencia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de mujeres y hombres. Es deber primordial de todo Estado (el de mayor preeminencia) cumplir y hacer cumplir la Constitución asegurar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, de las personas, garantizar a todos sus habitantes, -sin discriminación alguna-, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes. Adopción de medidas efectivas para el goce de derechos, mediante planes y programas permanentes y periódicos.

En resumen, la seguridad jurídica es la "certeza del derecho" que tiene el individuo de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Seguridad jurídica es un principio del derecho, que contempla el rol del Estado en resguardar que el orden normativo se cumpla a cabalidad en todos aspectos de la vida nacional.

De allí que involucra tanto ´certeza jurídica´ (previsibilidad de las reglas de juego, saber a qué atenerse) como ´calidad institucional´; pues en sentido amplio implica la eficacia en el cumplimiento de las disposiciones legales, esto es, el respaldo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial a los derechos y deberes que tienen las personas en virtud de la ley.

En los últimos años la seguridad jurídica no sólo ha sido descuidada en los hechos, sino que el concepto ha sido también manipulado y degradado, se ha atribuido a la seguridad jurídica la elasticidad suficiente para hacer de él, más que un término polisémico, una chistera a la que recurrir para sacar de allí lo que resulte necesario. A la vez, el concepto ha sido degradado, para muchos los límites que impone la seguridad jurídica a la actividad del Estado y al modo de lidiar con las urgencias o las coyunturas indeseables ha generado que la seguridad jurídica pasara a tener un estatus menor dentro de los objetivos jurídicos del Estado. De este modo, tanto los populismos demagógicos como los promotores de ajustes económicos y sociales han denostado la seguridad jurídica, que por la importancia y urgencia es imprescindible recuperarla.

La recuperación de la seguridad jurídica debería concebirse tanto como objeto de estudio cuanto como mecanismo de evaluación de los resultados obtenidos en materias tan diversas como la expansión de las libertades reales de las personas, la mejora de la actividad económica o la disminución de la corrupción.

La importancia de recuperar la seguridad jurídica, contra lo que suele pensarse, no redunda sólo en beneficio de inversores y corporaciones; muy al contrario, su presencia es imprescindible para una efectiva protección de los derechos de todos, así como para un funcionamiento adecuado de la democracia.

Se debe entender que la seguridad jurídica es "la posibilidad difundida de prever la gama de las consecuencias jurídicas efectivamente susceptibles de ser espontánea o coactivamente conectadas a actos o hechos, así como al ámbito temporal en el cual tales consecuencias jurídicas se producirán". De este modo, el fortalecimiento de la seguridad jurídica redunda en la mejora de la autonomía individual, del bienestar social, del funcionamiento del sistema democrático y del desarrollo humano y económico.

La seguridad jurídica tiene una evidente vinculación con el estado de derecho. Sin embargo, aquélla tiene un núcleo fuertemente vinculado al derecho que hace de ella un concepto más preciso, más exigente y con una vinculación más fuerte con la teoría y la práctica jurídica que la que puede ofrecer el concepto de Estado de derecho. Ahora bien, sin abandonar la inevitable perspectiva jurídica, la seguridad jurídica se enfoca desde el punto de vista interdisciplinario y transversal donde el derecho es el centro de gravedad pero no se encuentra aislado de la realidad ni de la teoría política o económica, es decir se debe pensar en el desarrollo económico y social de un Estado lo que se logrará con el fomento y apoyo a la inversión pública privada con la garantía de no crear y elevar impuestos, evitar el incremento desmedido de sueldos y fuera del contexto económico o aporte de extras, controlar el contrabando desmedido de artículos -inclusive de primera necesidad-, que crea una competencia desleal y desmedida a la industria nacional.

Desarrollar políticas de protección y apoyo jurídico a emprendimientos privados, así como a la minería y cooperativas mineras resguardando de esta manera su inversión, de posibles privatizaciones, y apropiaciones indebidas, así como de avasallamientos ilegales. Con este apoyo e iniciativa se conseguirá la creación de nuevas industrias y fuentes de trabajo para obreros, mano de obra calificada y profesionales con el objetivo de disminuir el desempleo y el índice de pobreza en el país.

Desde una proyección económica, cuando existe certeza jurídica son posibles los emprendimientos formales, comerciales y productivos, generadores de empleos a gran escala. Las personas estarán listas para invertir en la medida que tengan aseguradas la supervivencia, cuenten con seguridad y hayan podido ahorrar, porque en un ambiente sano de reglas claras es posible asumir los riesgos de inversión. Esos riesgos del capital si están enfocados a asuntos de mercado (precios, costos, competencia, etc.) los negocios formales tienden a prosperar y crecer; sin embargo, ocurre lo contrario (fuga de inversiones) cuando existe un cambio constante de las normas (generadora de incertidumbre generalizada) sumado a ello, conductas autoritarias e irrespetuosas de la ley más un incentivo al ahorro improductivo. En este contexto la seguridad jurídica tiene como presupuesto, fundamento, contenido y finalidad los derechos fundamentales de las personas al imperio de la Legalidad, en la vigencia pleno de un estado de Derecho.

(*) Es ingeniero