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Martes 09 de octubre de 2018

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Editorial y opiniones

No robar

09 oct 2018

Germán Mazuelo-Leytón

En Bolivia se cree o se defiende que el robo no tiene más malicia que el tener mala suerte y no conseguir lo que se pretendió sustraer, es que el séptimo mandamiento es bastante ignorado, sin embargo, el robo que dicho mandamiento prohíbe, está a la orden del día, y no se trata sólo de los actos de habilidad que realizan los avezados malhechores en lugares de aglomeraciones.

Recientemente se habla de leyes que facultarían a cualquier ciudadano quedarse de propietario del bien inmueble de otro, a simple denuncia de que el edificio o terreno esté sin uso. No es novedad esa abyecta tendencia, el comunismo siempre lo ha hecho así.

Hace algunos años, funcionarios del Instituto Nacional de estadísticas, hicieron censos de viviendas, sin previo aviso, al margen de censos oficiales de población y vivienda, preguntando por número de habitaciones y de lugares no ocupados de nuestras propiedades.

La legislación boliviana, desde hace muchas décadas contempla la figura de «usucapión» que consiste en la consecución de un derecho mediante su ejercicio en las condiciones y durante el tiempo, previstos en la ley, que no es otra cosa de otra forma de robo, sin lugar a dudas, la posibilidad de que esta medida se extienda es verdaderamente preocupante.

A principios de este año, el partido Podemos en España, por ejemplo, presentó un proyecto de ley «bajo la excusa de solventar el acceso a la vivienda de las rentas bajas», de tal forma que, en lugar de reforzar la seguridad jurídica e impulsar la construcción de viviendas para los que carecen de ésta, al tiempo que se fomenta la creación de riqueza y empleo para que la población mejore sus condiciones de vida, la receta de los izquierdistas españoles consiste, directamente, en expropiar su propiedad a los españoles mediante diversos mecanismos.

Los zurdos podemistas, pretenden que los inquilinos españoles se queden como dueños de las viviendas alquiladas, de este modo, el legítimo propietario, tanto de empresas como particulares, no podría recuperar en ningún caso su inmueble hasta que la Administración de turno ofreciese una vivienda de similares características a morosos y «okupas» (el movimiento okupa es un movimiento social que toma terrenos desocupados y viviendas vacías temporal o permanentemente, con el fin de utilizarlos como vivienda, guarida, tierras de cultivo, lugar de reunión o centros con fines sociales, políticos y culturales, entre otros), dejando al legítimo propietario en la más absoluta indefensión.

Medidas como ésta también fueron implementadas por Hugo Chávez en Venezuela a poco de llegar al poder, permitiendo que los inquilinos que no puedan sufragar los pagos de alquileres, no sean desalojados «hasta que se garantice una alternativa habitacional» y el resultado no fue otro que un masivo impago de alquileres y créditos, robando con ello la propiedad a sus legítimos dueños, al tiempo que se colapsaba el mercado inmobiliario e hipotecario.

La apropiación tanto de bienes estatales como si fueran propios, como el aprovecharse de un cargo público para conseguir ventajas económicas, revelan la gravedad suma del pecado de corrupción de los bienes públicos.

Los obispos filipinos señalaron bravamente con el dedo en tres puntos respecto de esta generalizada corrupción:

1ª Condena al ciudadano privado para que se percate de la trascendencia social y religiosa del robo, que es un abominable pecado.

2º Llama la atención a los agentes educadores para que, a partir de la familia, de la escuela y de otras instituciones vayan formando la honorabilidad de la gente, a la que han de inyectar la convicción de que el robo es una estafa a Dios y a la sociedad, y uno de los vicios más repugnantes para toda persona.

Y 3º: se dirige al gobierno mismo para que forme consejos anticorrupción que fácilmente puedan velar sin cobardes concesiones por la administración recta de los fondos públicos.

El Decálogo manda no hurtar y no codiciar los bienes ajenos, y el comunismo niega la propiedad privada.

El socialismo y el comunismo afirman que el individuo existe primordialmente para la sociedad, y debe producir directamente, no para su propio bien, sino para el de todo el cuerpo social.

Con esto, el mejor estímulo del trabajo cesa, la producción decae forzosamente, la indolencia y la miseria se generalizan en toda la sociedad. Y el único medio -obviamente insuficiente- que el Poder Público puede emplear como estímulo de la producción es el látigo...

No negamos que en el régimen de la propiedad privada pueda acontecer -y frecuentemente ha acontecido- que los bienes producidos con abundancia circulen defectuosamente en las varias partes del cuerpo social, acumulándose aquí, y escaseando allí. Este hecho induce a que se haga todo en pro de una proporcionada difusión de la riqueza en las varias clases sociales. Sin embargo, no es razón para que renunciemos a la propiedad privada, y a la riqueza que de ella nace, para resignarnos al pauperismo socialista.

«El Estado colectivista, que confisca los bienes de los particulares, está en sana moral, puesto en la condición de ladrón. Y los que reciben del Estado bienes confiscados están en principio, frente al propietario expoliado, como quien se sacia con bienes robados» (Plinio Correa de Oliveira, La libertad de la Iglesia en el estado comunista).

Todo es robar de alguna manera, ir directamente contra el séptimo mandamiento, por eso hemos de deponer nuestra convicción falsamente adquirida de que sólo son ladrones los que usan ganzúas para abrir puertas ajenas, los que dan tirones para arrancar carteras de las manos de los demás, o los que meten las manos en el bolsillo del otro, para calentarla al contacto con bienes que no son propios.

Como había dicho Paulo Coelho: «Cuando un político de izquierda dice que acabará con la pobreza, se refiere a la suya».

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