Ley de Empresas Sociales o "Ley Tarajchi"

La promulgación de la Ley de Empresas Sociales abre la posibilidad para que los asalariados se constituyan en "empresarios", sin aportar capital y con la única salvedad que "la empresa goza de mala salud". Así se impone en Bolivia la "Ley Tarajchi", porque al igual que esta ave que se mete en los nidos de los horneros y los expulsa de su obra y propiedad, ahora el Gobierno pretende que los trabajadores despojen a los empresarios del derecho propietario y el patrimonio de sus empresas.

Ello supone que ningún empresario cuenta con seguridad jurídica y, lo que, es más, no se respetará su libertad económica ni su libertad de derecho al trabajo, porque se permitirá que los trabajadores asuman la dirección de la empresa, en caso de quiebra, abandono o liquidación, que puede también convertirse en un cierre o liquidación forzosa, fruto de una acción política interesada.

Para justificar la vigencia de la Ley de Empresas Sociales o "Ley Tarajchi" el ministro de Trabajo, Héctor Hinojosa, afirmó que "la ley otorga seguridad jurídica y posibilitará que los trabajadores tomen una empresa para mantener la unidad productiva en funcionamiento y conservar su puesto laboral".

Si esa fuese la forma más simple de conservar el empleo, entonces será importante que los funcionarios públicos de las empresas estatales asuman esa actitud y comiencen a administrar "por cuenta y riesgo" las deterioradas empresas fiscales y, asunto arreglado, para evitar mayores problemas al Estado Plurinacional que cuenta con un aparato productivo ineficiente.

Así el ministro Hinojosa recordó que: "según el artículo 54 de la Constitución Política del Estado existen tres modalidades para crear empresas sociales en el país: quiebra, liquidación y abandono, que deben seguir dos pasos para lograr consolidar esa sociedad". Aclaró que en el caso de firmas (empresas) bajo liquidación o en proceso de quiebra, será el juez quien determinará si el patrimonio social es suficiente para que los trabajadores puedan hacerse cargo, reiterando que "en caso de abandono de los propietarios, esto será suficiente para que decidan crear una empresa social".

Empero, el ministro de Trabajo olvida que el mismo artículo 54 de la Constitución Política del Estado, establece que "es obligación del Estado establecer políticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa", que sólo pueden conseguir en la empresa privada.

Añade el parágrafo II que "es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato industrial y de los servicios estatales", poniendo de manifiesto que el artículo 52 de la Carta Magna, reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial y, "el Estado garantizará el reconocimiento de la personalidad jurídica de las asociaciones empresariales�" estableciendo que "el patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable", por lo que resulta ocioso prender entregar a los trabajadores las empresas "quebradas", convirtiéndose la norma en un presente griego, que da lugar a la aplicación de una Ley Tarajchi, porque hay personas o dirigentes que quieren convertirse de asalariados en accionistas y empresarios, situación que no es otra cosa que una apropiación indebida que sanciona la ley.

Vulnerar los derechos de los empresarios o propietarios de empresas, industrias, factorías y entidades comerciales, de servicios u otras, sólo demostrará que los "tarajchis" quieren pasar de obreros a patrones, sin siquiera poder asumir de forma responsable la conducción de las empresas del Estado, una mayoría quebradas, que precisan ayuda urgente de una gran bandada de "tarajchis" sindicalistas y oportunistas "reparadores de empresas quebradas".

De esa forma se estará vulnerando, desconociendo y violentando la libertad de la libre asociación empresarial y económica que, sin lugar a dudas resulta ser el valor nacional más importante que poseen los empresarios, por el cual siempre se ha luchado y preservado para tener una nación libre, donde la mayor participación ciudadana para mantener vigente esa libertad, está en el costo social a través de la participación activa, en el pago de impuestos, el respeto al orden jurídico y en la contribución directa para la ejecución de proyectos y programas de desarrollo nacional, departamental y local.

Por ello ningún empresario podría ser privado de su derecho a invertir, a consolidar su empresa y tener un patrimonio para generar empleos dignos para cientos y miles de trabajadores que no tienen ninguna atención del gobierno, porque lo contrario es vivir en dictadura y ello supone desconocer los derechos y libertades que propugna la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. No a la Ley Tarajchi.

(*) Periodista