El patrimonio de las organizaciones empresariales, tangible e intangible, es inviolable e inembargable
Â? Jorge Lazzo Valera
La promulgación de la Ley de Empresas Sociales abre la posibilidad para que los asalariados se constituyan en "empresarios", sin aportar capital y con la única salvedad que "la empresa goza de mala salud". Asà se impone en Bolivia la "Ley Tarajchi", porque al igual que esta ave que se mete en los nidos de los horneros y los expulsa de su obra y propiedad, ahora el Gobierno pretende que los trabajadores despojen a los empresarios del derecho propietario y el patrimonio de sus empresas.
Si esa fuese la forma más simple de conservar el empleo, entonces será importante que los funcionarios públicos de las empresas estatales asuman esa actitud y comiencen a administrar "por cuenta y riesgo" las deterioradas empresas fiscales y, asunto arreglado, para evitar mayores problemas al Estado Plurinacional que cuenta con un aparato productivo ineficiente.
Asà el ministro Hinojosa recordó que: "según el artÃculo 54 de la Constitución PolÃtica del Estado existen tres modalidades para crear empresas sociales en el paÃs: quiebra, liquidación y abandono, que deben seguir dos pasos para lograr consolidar esa sociedad". Aclaró que en el caso de firmas (empresas) bajo liquidación o en proceso de quiebra, será el juez quien determinará si el patrimonio social es suficiente para que los trabajadores puedan hacerse cargo, reiterando que "en caso de abandono de los propietarios, esto será suficiente para que decidan crear una empresa social".
Empero, el ministro de Trabajo olvida que el mismo artÃculo 54 de la Constitución PolÃtica del Estado, establece que "es obligación del Estado establecer polÃticas de empleo que eviten la desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa", que sólo pueden conseguir en la empresa privada.
Vulnerar los derechos de los empresarios o propietarios de empresas, industrias, factorÃas y entidades comerciales, de servicios u otras, sólo demostrará que los "tarajchis" quieren pasar de obreros a patrones, sin siquiera poder asumir de forma responsable la conducción de las empresas del Estado, una mayorÃa quebradas, que precisan ayuda urgente de una gran bandada de "tarajchis" sindicalistas y oportunistas "reparadores de empresas quebradas".
Por ello ningún empresario podrÃa ser privado de su derecho a invertir, a consolidar su empresa y tener un patrimonio para generar empleos dignos para cientos y miles de trabajadores que no tienen ninguna atención del gobierno, porque lo contrario es vivir en dictadura y ello supone desconocer los derechos y libertades que propugna la Constitución PolÃtica del Estado Plurinacional de Bolivia. No a la Ley Tarajchi.
(*) Periodista
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