Miercoles 07 de junio de 2017
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Mucho se dice sobre la necesidad de "cambiar la Justicia en el país" y lo cierto es que no es la Justicia la que debe cambiarse porque ella, desde siempre, es la representación de todas las virtudes que debe practicar el ser humano o sea que es la otorgación de todo lo bueno a quienes lo merecen. No es pues la Justicia en sí que debe ser cambiada sino sus administradores, los que están a cargo de aplicarla con equidad, ecuanimidad y conforme a las leyes. Esa administración debe ser practicada por quienes sean idóneos, capaces en la posesión de las diferentes disciplinas del Derecho, incólumes en su conducta privada y pública, conscientes de que no deben ni pueden pertenecer a grupos que tengan intereses creados y tampoco militancia político-partidista alguna, en síntesis, que sean abogados jurisconsultos confiables y dignos de representar a la confianza nacional.
Lo hecho el año 2011 con el cambio de jueces, fiscales y personal de apoyo, ha resultado un fracaso porque la medida, destinada a una mejor administración y manejo honesto y responsable de los diversos juzgados, ha sido nada más que repetición de antiguos vicios y conductas ajenas a la moral o sea que el pretendido remedio resultó más contraproducente que lo que anteriormente tenía vigencia y que determinó la apreciación o criterio de la población en sentido de que "la justicia en el país es la peor injusticia".
