Mucho se dice sobre la necesidad de "cambiar la Justicia en el país" y lo cierto es que no es la Justicia la que debe cambiarse porque ella, desde siempre, es la representación de todas las virtudes que debe practicar el ser humano o sea que es la otorgación de todo lo bueno a quienes lo merecen. No es pues la Justicia en sí que debe ser cambiada sino sus administradores, los que están a cargo de aplicarla con equidad, ecuanimidad y conforme a las leyes. Esa administración debe ser practicada por quienes sean idóneos, capaces en la posesión de las diferentes disciplinas del Derecho, incólumes en su conducta privada y pública, conscientes de que no deben ni pueden pertenecer a grupos que tengan intereses creados y tampoco militancia político-partidista alguna, en síntesis, que sean abogados jurisconsultos confiables y dignos de representar a la confianza nacional.
Lo hecho el año 2011 con el cambio de jueces, fiscales y personal de apoyo, ha resultado un fracaso porque la medida, destinada a una mejor administración y manejo honesto y responsable de los diversos juzgados, ha sido nada más que repetición de antiguos vicios y conductas ajenas a la moral o sea que el pretendido remedio resultó más contraproducente que lo que anteriormente tenía vigencia y que determinó la apreciación o criterio de la población en sentido de que "la justicia en el país es la peor injusticia".
Ahora, se pretende repetir los mismos procedimientos para elegir a los administradores de Justicia y ello sería contraproducente en todo sentido porque ninguno de los otros poderes del Estado - Ejecutivo, Legislativo y Electoral - pueden elegir a miembros de la Justicia en todas sus instancias: el Poder Ejecutivo lo haría conforme a intereses político-partidistas; el Poder Legislativo, integrado mayoritariamente por miembros del partido de gobierno, igualmente lo haría conforme a dictados e intereses del Poder Ejecutivo; tampoco el Poder Electoral es el idóneo para esas designaciones porque igualmente, en su mayoría, está conformado por la política partidista.
Lo correcto, prudente, ecuánime y honesto sería conformar un Tribunal o Consejo de la Magistratura integrado por tres ex-presidentes de la Corte Suprema de Justicia que sean totalmente ajenos a la militancia partidista de cualquier tendencia; cinco representantes de las universidades públicas y privadas elegidos en reunión plena de éstas; nueve representantes de los Colegios de Abogados del país. Todos ellos con los debidos antecedentes de idoneidad, honestidad, experiencia profesional, no militancia político-partidista y con las cualidades morales demostradas en su vida privada y pública. Este conjunto de selectos profesionales del Derecho seleccionaría a los posibles jueces, fiscales y personal auxiliar.
Esta podría ser la única forma de evitar que los nuevos miembros del Poder Judicial sean militantes de la política partidista; lo contrario sería repetir lo hecho el año 2011 y, con la experiencia habida en cuatro años, empeorar la mala administración de justicia.
Para tus amigos:
¡Oferta!
Solicita tu membresía Premium y disfruta estos beneficios adicionales:
- Edición diaria disponible desde las 5:00 am.
- Periódico del día en PDF descargable.
- Fotografías en alta resolución.
- Acceso a ediciones pasadas digitales desde 2010.