Prevaricación judicial y fiscal

Las constantes denuncias del mundo litigante contra Jueces y Fiscales respecto a la conducta observada en el desempeño de sus funciones, hacen que el mundo litigante que recurre ante estrados judiciales, tenga dudas sobre la aplicación de la norma de manera imparcial, objetiva, que de un tiempo a esta parte se ha venido observando denuncias en contra de funcionarios del Ministerio Publico y �rgano Judicial, por cuanto se viene dejando de lado por algunos malos funcionarios principios y estándares judiciales de conducta que deben demostrar estas autoridades, no solo dentro del ámbito laboral sino una conducta en cada momento de su vida como ser humano, principios que si bien son rescatados en la Constitución Política del Estado, Ley del �rgano Judicial y Ley Orgánica del Ministerio Público, las mismas forman de un bloque de Constitucionalidad, al ser nuestro país signatario de los mismos deben ser observados y cumplidos, principios como el de Independencia, Imparcialidad, Integridad, Corrección e Igualdad, Competencia y diligencia, así como deberán emitir sus resoluciones debidamente motivadas, fundamentadas y congruentes con cada caso que deben resolver, ya sea como operador de justicia o en calidad de director de la investigación, debiendo observar la independencia e imparcialidad en relación con la sociedad en general y en relación con las partes particulares de una controversia que deba resolver como autoridad, por cuanto en muchas resoluciones se hallan carentes de motivación y fundamentación, llegando de manera directa a una resolución de hecho y no derecho, por cuanto no se explica del porque se está emitiendo una resolución de esa naturaleza, cual el motivo y cual la razón legal para el mismo, aspecto que también en la nueva concepción jurídica de la Constitución Política del Estado que es más garantista que legalista, repercute a diario en la interposición de Acciones de Defensa, y también recordar que la falta del uso de estas acciones en algunos casos hacen que las partes consientan esta vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente de la motivación y fundamentación de una resolución judicial, convalidando de esta forma el criterio inquisidor de la autoridad Judicial, y que en algunos casos se ve envuelta en casos de corrupción o finalmente hacen ver a la sociedad la existencia de consorcios de jueces, fiscales y abogados por la disonancia de la aplicación de la ley en casos similares.

Quienes ahora tienen la noble misión de ejercer el cargo de Juez o Fiscal, requieren de una sólida formación jurídica y ética, un profundo sentido de solidaridad y responsabilidad humana, como dijo Calamandrei: "el derecho hecho hombre, ya que solo de este hombre se puede esperar en la vida cotidiana la tutela en que abstracto promete la ley; solo si este hombre sabe pronunciar a nuestro favor la palabra de la justicia, podremos comprender que el derecho no es una sombra vana".

El texto referido reprime al Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, contrarios al texto expreso y claro de la ley, por interés personal, afecto o desafecto a una persona natural o jurídica, en perjuicio de una las partes; 2. De consejo a una de las partes que litiga ante él o ella, con perjuicio de la parte contraria; o, 3. Proceda maliciosamente contra ley expresa, haciendo lo que ésta prohíba o dejando de hacer lo que manda, en la sustanciación de las causas. 1. En la misma sanción incurrirá la o el fiscal, que en ejercicio de sus funciones, realice alguna de las siguientes conductas: Falte deliberadamente a su deber de objetividad en un caso a su cargo, realizando actuaciones manifiestamente injustas u omitiendo las legalmente debidas; 2. Haga valer, a sabiendas, en el proceso a su cargo elementos de prueba y pruebas falsas o incompletas; o, 3. Dicte requerimientos manifiestamente ilegales provocando resultados gravemente injustos para las partes.

Es así que se le agregó el elemento descriptivo al tipo penal "a sabiendas" seguramente para enfatizar el dolo. En cuanto a una expresión concreta de esa administración pública es el correcto funcionamiento de la administración de justicia, de allí que la prevaricación judicial y fiscal afecta a este bien jurídico específico, donde inclusive involucra un gravísimo menoscabo a la confianza pública en el ejercicio de la potestad judicial. Lo que se castiga en vía penal son los incumplimientos más graves de los deberes jurisdiccionales de los jueces y fiscales.

Es necesario que todos los que estamos inmersos en el campo del derecho tomemos en cuenta que el administrar justicia con imparcialidad, probidad è independiente sin temor alguno, aplicando la Ley y el Derecho, es el paradigma a seguir y tener presente el mensaje del poeta y escritor boliviano Franz Tamayo quien señaló: "la única servidumbre que no mancha es la Ley". Afirmó que esa servidumbre es el sacrificio y tolerancia como así también es de sufrimiento para el Juez.

(*) Abogada