El infierno cotidiano

La huelga y la protesta individual o colectiva, expresada públicamente, son derechos consagrados por la Constitución. No sólo eso, las grandes movilizaciones populares y los dramáticos choques entre sociedad y Estado, han sido en muchos momentos de nuestra historia catalizadores de grandes transformaciones que han permitido avanzar a nuestra sociedad.

En este escenario, de modo muy sugerente el Defensor del Pueblo ha presentado una acción popular contra el paro de los médicos, argumentando que afectan el derecho a la salud. La situación vivida por los discapacitados hace algún tiempo, que fueron reprimidos sin contemplaciones y llevaron al gobierno a convertir la Plaza Murillo en una jaula, no motivó a la Defensoría ninguna acción popular contra el gobierno por el trato vejatorio y abusivo de las fuerzas del orden contra los manifestantes, lo que plantea la pregunta en torno a si las razones que impulsan a este funcionario son neutras o si, por el contrario, tienen color. Si seguimos la actual lógica del Defensor, el paso siguiente es una acción popular contra los maestros y otra contra los choferes y así hasta el infinito, porque cualquier paro de cualquier sector atenta contra los derechos de los demás (educación, libre locomoción, etc.).

A su vez, la huelga y la protesta no pueden en ningún caso atentar contra las garantías que les da la Constitución a los ciudadanos. Una movilización, por ejemplo, no puede impedir la libre circulación de vehículos y de personas ni en una ciudad ni en una carretera, porque obviamente esas acciones limitan no sólo la locomoción de las personas, sino el abastecimiento de alimentos y combustible a pueblos y ciudades. No digamos ya cuando además se cometen delitos flagrantes, como la destrucción de la propiedad privada o la violencia física contra personas, (los insólitos chicotazos para mencionar las acciones más extravagantes de algunas movilizaciones).

Estamos, aparentemente, en un punto muerto en el que los derechos consagrados por la Constitución (la legitimidad de la huelga y el derecho a la salud), están en colisión. Si viviéramos en una sociedad organizada y respetuosa de las normas no habría tal contradicción. Ambos son compatibles sobre el presupuesto, de que antes de la huelga hay un procedimiento de negociación y conciliación que debe cumplirse, pero que, obviamente, no sólo no se cumple sino que casi nunca se intenta cumplir. Tanto el gobierno como los grupos organizados parten de la premisa de que el escenario de la negociación es, siempre condicionado por la negativa sistemática del Ejecutivo a escuchar, y la estrategia sistemática de los afectados a tomar las calles. Las famosas "medidas de presión", los "cuartos intermedios" y todo el ritual del caos, no surgen por acaso, son formas institucionalizadas de -burlando siempre la ley- confrontar de manera perversa al gobierno con las minorías eficientes que de hecho son dueñas de hacer lo que les parece conveniente con el espacio y los derechos de todos. La ironía es que quien logró la mayor sofisticación y contundencia en este tipo de acciones fue el Primer Mandatario cuando era líder sindical y político y cuando estaba en la oposición.

Igual que cuando se trata de la vulneración de derechos humanos sagrados como la vida, estamos atrapados en la insólita calificación de muertes de "derechistas" y muertes de "izquierdistas". Si quien reprime y mata es un gobierno "revolucionario" defiende una causa justa, si quien los hace es "reaccionario o vende patria" es un genocida.

Es evidente que en Bolivia padecemos una grave patología social referida al incumplimiento sistemático de la ley, y el dramático desborde de los grupos organizados. El infierno y la tortura cotidiana los sufren -como siempre- los ciudadanos correctos, los que cumplen las normas, trabajan para vivir y buscan algo tan elemental como una vida digna en la que se respeten su derecho a buscar la felicidad.