La huelga y la protesta individual o colectiva, expresada públicamente, son derechos consagrados por la Constitución. No sólo eso, las grandes movilizaciones populares y los dramáticos choques entre sociedad y Estado, han sido en muchos momentos de nuestra historia catalizadores de grandes transformaciones que han permitido avanzar a nuestra sociedad.
A su vez, la huelga y la protesta no pueden en ningún caso atentar contra las garantÃas que les da la Constitución a los ciudadanos. Una movilización, por ejemplo, no puede impedir la libre circulación de vehÃculos y de personas ni en una ciudad ni en una carretera, porque obviamente esas acciones limitan no sólo la locomoción de las personas, sino el abastecimiento de alimentos y combustible a pueblos y ciudades. No digamos ya cuando además se cometen delitos flagrantes, como la destrucción de la propiedad privada o la violencia fÃsica contra personas, (los insólitos chicotazos para mencionar las acciones más extravagantes de algunas movilizaciones).
Igual que cuando se trata de la vulneración de derechos humanos sagrados como la vida, estamos atrapados en la insólita calificación de muertes de "derechistas" y muertes de "izquierdistas". Si quien reprime y mata es un gobierno "revolucionario" defiende una causa justa, si quien los hace es "reaccionario o vende patria" es un genocida.
Es evidente que en Bolivia padecemos una grave patologÃa social referida al incumplimiento sistemático de la ley, y el dramático desborde de los grupos organizados. El infierno y la tortura cotidiana los sufren -como siempre- los ciudadanos correctos, los que cumplen las normas, trabajan para vivir y buscan algo tan elemental como una vida digna en la que se respeten su derecho a buscar la felicidad.
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