En nuestro paÃs es elevado el Ãndice de ciudadanos detenidos sin sentencia, debido a la corrupción y retardación de justicia reinante en los estrados judiciales, a lo que se suman continuas denuncias sobre el sometimiento de jueces y fiscales al poder polÃtico, aspecto que rechaza el Poder Ejecutivo pero que se muestra en el trabajo de los operadores de justicia, cuando se trata de complicar o involucrar a polÃticos o ciudadanos que denuncian inmoralidad en los tejemanejes de la gestión pública.
La situación de la justicia se complicó de tal modo que el Gobierno se vio presionado a convocar a una Cumbre de Justicia, que se cumplió en la Capital del paÃs, Sucre, aunque los resultados no pasaron de algunas recomendaciones que no cambiaron el curso de las tareas judiciales y la subordinación del sistema a la presión polÃtica, que parece haberse convertido en un "mal necesario" para controlar, frenar o eliminar las quejas ciudadanas, como denuncian los afectados.
Frente al problema de la justicia, que se presenta en ocasiones con caracterÃsticas insostenibles y que movilizaron el debate de Sucre, aprobando más de cien conclusiones, el Primer Mandatario decidió iniciar un proceso de cambios, aplicando medidas para erradicar la retardación y corrupción de la justicia, lo que se resume en los proyectos de Ley de Conciliación Ciudadana, Ley de Ejercicio de la AbogacÃa, Código Procesal Penal y una norma creando una comisión de seguimiento de los mandatos de la Cumbre Nacional de Justicia.
El problema de la justicia es muy complejo, merece cambios sustanciales para corregir los errores que se han producido incrementando el caos reinante en el sistema jurÃdico nacional. La aplicación de algunas normas permitirá entrar en una fase de renovación y efectividad del sistema, pero para los entendidos, la recuperación de la imagen institucional se dará con el cumplimiento de un requisito insoslayable para futuras designaciones de magistrados, que no es otro que la meritocracia, como garantÃa de calidad profesional y solvencia moral de los administradores de justicia.
Fuente: LA PATRIA
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