Cambios en la justicia

En el último tiempo todo lo referente a la justicia se ha convertido en un tema que se lo considera de prioridad nacional, dadas las connotaciones de su vigencia con una serie de intrincados prolegómenos que colocan a sus protagonistas en parte de una polémica que, en lugar de despejar dudas, las acrecienta ante hechos que se producen casi cotidianamente y que involucran mayor número de magistrados.

Por la importancia que reviste el manejo mismo de la justicia nacional, profesionales de la materia, experimentados observadores, críticos jurídicos y analistas coinciden en reconocer que uno de los sectores, en que ha fracasado la política de Estado es precisamente la justicia, complicada mucho más desde la elección de magistrados por el voto popular. Grave error, lo reconocen también los gobernantes.

La situación de la justicia se complicó de tal modo que el Gobierno se vio presionado a convocar a una Cumbre de Justicia, que se cumplió en la Capital del país, Sucre, aunque los resultados no pasaron de algunas recomendaciones que no cambiaron el curso de las tareas judiciales y la subordinación del sistema a la presión política, que parece haberse convertido en un "mal necesario" para controlar, frenar o eliminar las quejas ciudadanas, como denuncian los afectados.

Frente al problema de la justicia, que se presenta en ocasiones con características insostenibles y que movilizaron el debate de Sucre, aprobando más de cien conclusiones, el Primer Mandatario decidió iniciar un proceso de cambios, aplicando medidas para erradicar la retardación y corrupción de la justicia, lo que se resume en los proyectos de Ley de Conciliación Ciudadana, Ley de Ejercicio de la Abogacía, Código Procesal Penal y una norma creando una comisión de seguimiento de los mandatos de la Cumbre Nacional de Justicia.

El complejo proceso de cambio en la justicia debe acompañarse con medidas complementarias que tienen que ver principalmente con financiamiento para mejorar la estructura física de los ambientes judiciales, aumentar el número de funcionarios para la atención de más casos, evitando retardación, aunque ese proceso deberá ser celosamente vigilado para evitar nombramientos de funcionarios comprometidos política o partidariamente. Se menciona que en la actualidad hay un déficit de personal en el sistema de la justicia ordinaria que cuenta con mil jueces para una población de 11 millones de personas; se cuentan 508 fiscales en todo el país y la necesidad práctica señala que deberían haber cerca a mil de estos funcionarios para garantizar el funcionamiento de todos los espacios jurisdiccionales.

El problema de la justicia es muy complejo, merece cambios sustanciales para corregir los errores que se han producido incrementando el caos reinante en el sistema jurídico nacional. La aplicación de algunas normas permitirá entrar en una fase de renovación y efectividad del sistema, pero para los entendidos, la recuperación de la imagen institucional se dará con el cumplimiento de un requisito insoslayable para futuras designaciones de magistrados, que no es otro que la meritocracia, como garantía de calidad profesional y solvencia moral de los administradores de justicia.

Fuente: LA PATRIA