Cooperativas mineras trabajan para reorganizarse

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El problema de las cooperativas mineras luego de los lamentables hechos que se produjeron en la localidad de Panduro, entre Oruro y La Paz, en el mes de agosto con la violenta participación del sector de mineros agrupados en las "asociaciones solidarias" que bloquearon la zona de conflicto y propiamente rompieron su relación con el Gobierno, se produjeron enfrentamientos con policías y el resultado fue desastroso, con un saldo de cuatro mineros muertos y el lamentable asesinato del vice ministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, además de producirse el arresto de varios dirigentes cooperativistas, restableciéndose el orden luego de una dolorosa jornada.

Los cinco decretos están en vigencia y deberán cumplirse paulatinamente para que sea restablecida la actividad de las cooperativas. El asunto fue considerado en un evento nacional del sector, se eligieron nuevos dirigentes con la misión de lograr un acercamiento con el Gobierno y especialmente con el Jefe de Estado, misión que se cumplió de algún modo, después de unas tres reuniones y se confirmó el reinició de relaciones, con la particularidad del apoyo político que aprobaron los cooperativistas y lo expusieron públicamente en el último congreso del partido oficialista, ratificando su decisión de "impulsar el proceso de cambio" junto a otras organizaciones del "movimiento social", con lo que por lo menos en el nivel político, las cosas volvieron a su cauce, aunque con esta última "jugada" del cooperativismo minero, no estuvo de acuerdo la Central Obrera Boliviana (COB) que exigió a los cooperativistas mantener su "independencia institucional y sindical".

Los nuevos dirigentes del sector cooperativo minero, deberán de todos modos trabajar en la adecuación de sus organizaciones a las normas vigentes para poder mantener en algunos casos la característica del sistema cooperativo, pero en otros transformarse en empresas mineras, acogiéndose a las normativas que entre otras dispone el control y fiscalización de todas las cooperativas mineras del país".

El problema suscitado en agosto y las medidas de septiembre, obligaron a las autoridades a efectuar un análisis de la real situación en que se desempeñan las cooperativas, estableciéndose que de más de 140 mil cooperativistas mineros, sólo 10 mil, son socios cooperativistas, los demás resultan empleados a los que denominan de "segunda mano" y que trabajan como jornaleros, lo hacen también a destajo y por esa condición ahora tienen la oportunidad de sindicalizarse para defender sus derechos sociales. Este es en realidad el mayor problema en lo que corresponde a establecer claramente la condición de orden social que debe regir para el reconocimiento de "cooperativas sin fines de lucro", una condición exigible en la doctrina del verdadero cooperativismo.

REGLAMENTO

DE APORTES

En el proceso de reestructuración de las cooperativas, mediante el D.S. 2994 se reglamenta la suscripción de contratos de producción minera entre actores productores y el Estado. El procedimiento ya está establecido en la Ley 845 de reversión de áreas, fiscalización de cooperativas y migración de contratos que corre desde el 20 de octubre pasado.

Se indica que "los recursos ingresarán a la Comibol para que ésta pueda pagar todos los impuestos de acuerdo con la normativa, los impuestos sobre utilidades, la alícuota principalmente", según lo confirmó el ejecutivo de la Comibol. Se explica asimismo que el procedimiento corresponde a las nuevas cooperativas, mientras que en el caso de las cooperativas existentes que deben adecuarse a las normas o la migración de contratos, el aporte actual del 1% por canon de arrendamiento se mantiene inalterable. De ese modo se establece que los portes de cooperativas, se convertirán en tributos.

LA REVERSIÃ?N

DE CONCESIONES

Al respecto se informó que en cerca de tres años se revirtieron al Estado 670 concesiones mineras improductivas que estaban en manos de operadores privados, los que deberán adecuar sus proyectos a contratos administrativos, proceso que se cumplirá en varios años, de acuerdo a los intereses de algunos inversionistas que demuestren real interés en trabajos productivos, de ese modo se evitará que muchas áreas mineras sigan improductivas.

Según el ejecutivo del Ministerio de Minería, el ordenamiento legal aprobado en la presente gestión, permitirá la firma de nuevos contratos entre el Estado, los mineros chicos, medianos y grandes, además de los cooperativistas, el proceso se pondría en marcha al comenzar la siguiente gestión.

QUEJA DE FENCOMIN

En todo este complejo movimiento de negociación entre cooperativas y Gobierno, más allá del apoyo sectorial de característica política, el presidente de Fencomin expresó su reclamo al señalar que "el Estado quiere evitar que el sector crezca y se frena su crecimiento con reglamentación de adecuación de contratos que establece un 3% de aporte de las cooperativas al Estado". La situación así planteada deja dudas sobre la concreción de un acercamiento real de cooperativistas y Gobierno.

Medios. Agencias.