Pero esos hechos pasan sólo al recuento, pues el resultado de esa posición de intransigencia de algunos dirigentes, que se opusieron a una modificación en la Ley de Cooperativas, reconociendo los derechos laborales de los asalariados que trabajan en las cooperativas, la reacción gubernamental se amplió con la aprobación al comenzar septiembre de un "paquete" de cinco decretos para regular la actividad de las cooperativas mineras del paÃs.
En el proceso de reestructuración de las cooperativas, mediante el D.S. 2994 se reglamenta la suscripción de contratos de producción minera entre actores productores y el Estado. El procedimiento ya está establecido en la Ley 845 de reversión de áreas, fiscalización de cooperativas y migración de contratos que corre desde el 20 de octubre pasado.
Según el ejecutivo del Ministerio de MinerÃa, el ordenamiento legal aprobado en la presente gestión, permitirá la firma de nuevos contratos entre el Estado, los mineros chicos, medianos y grandes, además de los cooperativistas, el proceso se pondrÃa en marcha al comenzar la siguiente gestión.
QUEJA DE FENCOMIN
En todo este complejo movimiento de negociación entre cooperativas y Gobierno, más allá del apoyo sectorial de caracterÃstica polÃtica, el presidente de Fencomin expresó su reclamo al señalar que "el Estado quiere evitar que el sector crezca y se frena su crecimiento con reglamentación de adecuación de contratos que establece un 3% de aporte de las cooperativas al Estado". La situación asà planteada deja dudas sobre la concreción de un acercamiento real de cooperativistas y Gobierno.
Medios. Agencias.
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