Minería: Un disparo en el pie

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Cuando las aguas se han calmado es el momento del análisis sereno y la discusión informada. Esa suerte de histeria anticooperativas mineras -alentada por una campaña de desinformación y linchamiento mediático que busca una cabeza de turco- debe cesar, para dar paso a una apreciación objetiva de la realidad de este sector y sobre todo para ir a la raíz de los problemas. Las cooperativas están lejos de ser un dechado de virtudes, pero tampoco son el demonio que se quiere pintar. Hay que separar la paja del trigo. La proliferación de un cooperativismo informal y depredador, que ha abusado de su capacidad de presión para obtener prerrogativas políticas y otras ventajas espurias, es el síntoma y no la causa de los males de la minería nacional.

Las razones subyacentes del último conflicto radican en el estancamiento del sector minero -un languidecimiento doloroso-, su falta de modernización, de inversiones e innovación tecnológica, y en un sistema clientelista y corporativo de reparto de rentas y poder político.

DECRETOS DRACONIANOS

Pretender, por decreto o ley, implantar la sindicalización en las cooperativas mineras y asegurar todos los derechos laborales y beneficios de la seguridad social, es desconocer la situación de un sector para el cual la informalidad de sus estructuras, formas de trabajo, relaciones laborales y participación en el mercado es casi la condición de su existencia.

Por años, el Gobierno hizo la vista gorda ante una suma de irregularidades en el funcionamiento de las cooperativas mineras, la posesión y uso de áreas mineras. Esta omisión de responsabilidad no ha sido casual; era parte de los compromisos políticos para garantizar el apoyo del sector cooperativo. Por ello, de la noche a la mañana, querer imponer rígidos procedimientos de control y fiscalización y sanciones que incluyen la reversión de áreas adjudicadas, es cuando menos falta de realismo. Más incomprensible aún es la intención de revertir, sin más, las áreas adjudicadas a cooperativas que mantienen contratos con empresas privadas, desconociendo derechos legalmente adquiridos.

Es difícil encontrar racionalidad y equilibrio en las medidas anunciadas; en cambio, sí mucho de una lógica de ajuste de cuentas, y quizá también de un cálculo oportunista por aprovechar un momento de desorientación de la organización de cooperativas, para imponer sobre este sector un control político férreo. Si en verdad se tiene la intención de aplicar todas esas medidas -de una dureza sin par, tratándose de un grupo social hasta hace poco mimado por las autoridades-, el efecto inesperado podría ser una crisis social y política de gran envergadura, con múltiples conflictos y enfrentamientos que acabarían desestabilizando todo el aparato productivo minero y acelerando el colapso de la minería nacional.

¿QUI�N PAGA LOS PLATOS ROTOS?

Ciertamente, hay regiones más golpeadas que otras. Según las cifras oficiales de la gestión 2015, las exportaciones mineras de Potosí y Oruro representaron dos terceras partes del total nacional exportado. Pero si se excluyen las exportaciones de oro, por su dudosa procedencia, la participación de ambos departamentos sube al 90% de las exportaciones mineras del país. Esto explica, también, que Potosí y Oruro estén entre las regiones que más recursos perciben de la recaudación de regalía minera: Potosí (63%) y Oruro (12%). Y ello a pesar de que ambos departamentos han visto reducirse abruptamente sus ingresos por regalías desde el año 2012; al menos 30%, en cuatro años.

Considérese, además, que un 20% de la regalía minera proviene del sector cooperativo (74% de la minería privada, y apenas 6% de la estatal). Estos datos dan una idea clara de la gravitación económica del sector cooperativo, tan solo por debajo del sector privado, que aporta el 75% de la regalía minera. Un caso notable es la ciudad de Potosí: prácticamente el 50% de su economía descansa en la producción, los ingresos de regalías, el comercio, transporte y otros servicios alrededor de la minería, que emplean a la mitad de los potosinos . Muchas provincias y localidades dependen casi enteramente de la minería, y en particular de la actividad cooperativista. No sorprende, entonces, que el mismo gobernador potosino hubiera sido uno de los primeros en advertir de los efectos contraproducentes de los decretos gubernamentales.

¿UNA SEGUNDA RELOCALIZACI�N MINERA?

A la vista de las cifras es inevitable preguntarse si en el Gobierno son conscientes del impacto potencialmente desastroso de sus medidas, y en particular del riesgo de desencadenar un proceso parecido a la relocalización de trabajadores mineros de los años 80.

Desmantelar el poder del cooperativismo minero puede ser tentador, sobre todo delante de los aprietos fiscales para atender sus demandas. En la lucha de facciones dentro de la coalición de intereses que sustentan el Gobierno, hay quienes buscan desplazar al cooperativismo gremial y avanzar en sus propias posiciones de poder, sin importar mucho lo que venga. Por lo demás, la antipatía de amplios sectores del país hacia el cooperativismo minero -justificado en muchos aspectos- es un caldo de cultivo para acciones efectistas. La cuestión es a qué nos conducen.

Si el cooperativismo es un problema, no lo es menos la minería estatal, atribulada por sus propias dificultades. ¿Más empresa estatal en lugar de cooperativas mineras, para absorber la masa laboral que este sector ocupa? Pero ya sabemos lo que está fórmula ha significado en el caso de Huanuni. Seguir engordando a Comibol de áreas mineras, sabiendo que no está en condiciones de explotarlas, no tiene sentido práctico; Comibol es como un perro del hortelano.

Aquí es cuando los bolivianos debemos preguntarnos por qué la minería privada se ha reducido a un puñado de empresas, en lugar de ser un sector pujante, en expansión, movilizando inversiones y poniendo en marcha nuevos y grandes proyectos que multipliquen el empleo de calidad; siendo que es el único con capacidad de hacerlo.

Que las cooperativas mineras deben encuadrarse a un régimen de legalidad y derechos laborales, no quepa duda. Tampoco se discute la importancia de recuperar la autoridad del Estado para garantizar el orden y la convivencia pacífica. Mala idea, sin embargo, tratar de lograr estos propósitos a base de medidas draconianas. Ni la represión ni el descabezamiento de dirigentes van a sustituir la necesidad de una política de fortalecimiento empresarial en el sector cooperativo minero; bien concebida, integral, de largo plazo, con incentivos a la formalización, que canalice la asistencia técnica y financiera adecuada para que las cooperativas puedan tecnificar y escalar sus operaciones, integrarse a cadenas de valor, proveer servicios a las empresas privadas y públicas, ejercitar sus derechos mineros y realizar emprendimientos conjuntos con otras empresas.

Entretanto, los problemas y conflictos seguirán latentes. Que nadie se engañe.

Fuente: Por: Henry Oporto