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Cuando las aguas se han calmado es el momento del análisis sereno y la discusión informada. Esa suerte de histeria anticooperativas mineras -alentada por una campaña de desinformación y linchamiento mediático que busca una cabeza de turco- debe cesar, para dar paso a una apreciación objetiva de la realidad de este sector y sobre todo para ir a la raÃz de los problemas. Las cooperativas están lejos de ser un dechado de virtudes, pero tampoco son el demonio que se quiere pintar. Hay que separar la paja del trigo. La proliferación de un cooperativismo informal y depredador, que ha abusado de su capacidad de presión para obtener prerrogativas polÃticas y otras ventajas espurias, es el sÃntoma y no la causa de los males de la minerÃa nacional.
Las razones subyacentes del último conflicto radican en el estancamiento del sector minero -un languidecimiento doloroso-, su falta de modernización, de inversiones e innovación tecnológica, y en un sistema clientelista y corporativo de reparto de rentas y poder polÃtico.
Pretender, por decreto o ley, implantar la sindicalización en las cooperativas mineras y asegurar todos los derechos laborales y beneficios de la seguridad social, es desconocer la situación de un sector para el cual la informalidad de sus estructuras, formas de trabajo, relaciones laborales y participación en el mercado es casi la condición de su existencia.
Por años, el Gobierno hizo la vista gorda ante una suma de irregularidades en el funcionamiento de las cooperativas mineras, la posesión y uso de áreas mineras. Esta omisión de responsabilidad no ha sido casual; era parte de los compromisos polÃticos para garantizar el apoyo del sector cooperativo. Por ello, de la noche a la mañana, querer imponer rÃgidos procedimientos de control y fiscalización y sanciones que incluyen la reversión de áreas adjudicadas, es cuando menos falta de realismo. Más incomprensible aún es la intención de revertir, sin más, las áreas adjudicadas a cooperativas que mantienen contratos con empresas privadas, desconociendo derechos legalmente adquiridos.
A la vista de las cifras es inevitable preguntarse si en el Gobierno son conscientes del impacto potencialmente desastroso de sus medidas, y en particular del riesgo de desencadenar un proceso parecido a la relocalización de trabajadores mineros de los años 80.
Si el cooperativismo es un problema, no lo es menos la minerÃa estatal, atribulada por sus propias dificultades. ¿Más empresa estatal en lugar de cooperativas mineras, para absorber la masa laboral que este sector ocupa? Pero ya sabemos lo que está fórmula ha significado en el caso de Huanuni. Seguir engordando a Comibol de áreas mineras, sabiendo que no está en condiciones de explotarlas, no tiene sentido práctico; Comibol es como un perro del hortelano.
Entretanto, los problemas y conflictos seguirán latentes. Que nadie se engañe.
Fuente: Por: Henry Oporto
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