Sábado 23 de enero de 2016
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El próximo 21 de febrero, nuevamente Bolivia, confrontará un proceso electoral. El 10mo en 11 años de ´proceso de cambio´, con una inversión aproximada de 153 millones de bolivianos, destinados esta vez a resolver la pregunta sobre la reforma parcial de la Constitución, en concreto, del artículo 168. Al respecto, tanto las encuestas como los comentarios del común de los ciudadanos arrojan resultados contrapuestos: por un lado, muchos apoyan con el SI la iniciativa de la reforma y otros, en sentido contrario, la rechazan con un NO ferviente. En todo caso, lo que pretendo ahora es demostrar la falacias vertidas por algunos ´constitucionalistas´ que tildan el proceso del #21F como ´inconstitucional´, como ´antidemocrático´, afirmando incluso que lo que se juega en el referéndum citado, es el destino de la misma democracia.
En efecto, un primer elemento que debemos tomar que la Constitución Política del Estado, como máxima norma del orden jurídico nacional, establece en su artículo 411 dos mecanismos de reforma: un mecanismo de reforma total y otro parcial; el primero, según la norma citada, sucede cuando se afecta o pretende afectar la Constitución pero en sus ´nervios sensibles´ referidos a: 1. Las bases fundamentales (principios, valores); 2. Los derechos fundamentales y garantías constitucionales; 3. A la primacía y reforma de la Constitución; estipulando que en esos casos, se debe convocara una Asamblea Constituyente, proceso de reforma que no viene al caso profundizar en mayores comentarios, ya que no se trata del caso que ahora nos toca vivir que, por mandato del artículo 411 constitucional, se trata de una reforma parcial, destinada a modificar el artículo 168 que al no afectar las cláusulas de reserva antes citadas, hacen que se acomode dentro la previsión de la reforma parcial de la Constitución, siendo ese el segundo mecanismo previsto en la norma suprema. Por ello, mal se puede decir que el proceso es ´inconstitucional´ o ´antidemocrático´, ya que el mismo respeta y se enmarca en la misma norma constitucional, en sentido estrictamente riguroso.
