Viernes 19 de junio de 2015
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La expectativa ciudadana pese a la serie de observaciones, críticas y reclamos que se hacen en torno a los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas de cada municipio, sigue pendiente de la aprobación de esos instrumentos que serán la base y el fundamento del accionar futuro en todos los distritos del país.
No hay que deslindar en ningún caso la responsabilidad que tiene el Estado como parte fundamental en la defensa de los derechos ciudadanos, como ejecutor de las disposiciones contenidas en la Carta Magna. Sin embargo a partir de los cambios estructurales muchas responsabilidades recaerán en adelante en las entidades territoriales autónomas para garantizar nuestros derechos fundamentales, cumpliendo los estatutos autonómicos y las cartas orgánicas.
Por mandato de la Ley Marco de Autonomías, hay que remarcar que los derechos son parte imprescindible de los textos que se manejan distritalmente en las dos normativas, estatutos y cartas orgánicas, de ahí que se convierten en normas institucionales que las sub autoridades deberán hacerlas cumplir en el ejercicio de sus funciones.
Varios problemas han surgido en la elaboración y tratamiento de las normativas, el hecho es que en algunos casos ciertas disposiciones no se ajustan a la competencia de la Constitución y por ese hecho es que en la mayoría de los casos se ha demorado la aprobación preliminar de estos instrumentos que, valga la redundancia, normarán el ejercicio cotidiano de los deberes y obligaciones de la comunidad.
