Educación: un derecho frecuentemente vulnerado en las cooperativas

La educación cooperativa, establecida como un derecho fundamental, debe estar inscrita en todos los estatutos, conforme manda la Ley de Cooperativas Nº 356 y a partir de ello, su cumplimiento es obligatorio. Sin embargo, a pesar de su importancia en algunas cooperativas los consejeros utilizan todo tipo de triquiñuelas para burlar la ley y vulnerar un derecho fundamental.

La carencia de fondos es uno de los pretextos más utilizados, pero contrariamente a lo que pregonan, sobra dinero para gastos insulsos como incrementar sus dietas, gozar de canonjías y otras prebendas que pagan los socios tales como viajes a eventos turísticos con suculentos viáticos, cenas trabajo semanales, etc., etc.; gastos dispendiosos que como en el caso de Cotel - La Paz, han contribuido a la quiebra de la misma, según versiones de la interventora.

Esta percepción ciudadana abarca a todo el sistema, pero se patentiza en algunas cooperativas de producción como la minera, donde es inocultable la mayor importancia que otorgan al negocio mercantil antes que a la educación cooperativa.

Este desprecio por la educación no solo ocurre en nuestro país conforme fue observado años atrás por J.P. Warbasse cuando afirmaba que: “…la educación de los miembros en el amplio significado social de la cooperación y de su filosofía, no ha progresado tanto como su aspecto comercial”, añadiendo a continuación que el éxito del movimiento cooperativo “depende de la educación impartida dentro de la misma sociedad”.

De ahí que será saludable para el movimiento cooperativo, cambiar de paradigmas y educar a la gente para que no siga creyendo que “la cooperación es asunto exclusivamente mercantil”. Una de las consecuencias de la carencia de políticas en educación, es la ausencia de control social y la fiscalización prácticamente desaparece. Estas prácticas oscurantistas, son fomentadas por consejeros autoritarios que tienen por finalidad ocultar las pérdidas económicas, inversiones mal proyectadas y gastos dispendiosos que finalmente desvalorizan las acciones y conducen a una inminente quiebra de la cooperativa.

La falta de educación cooperativa, induce a los directivos a cometer los errores de siempre y acrecentar sus vicios morales que alejan y espantan escandalosamente a los asociados provocando disgustos, desinterés y la inasistencia a las asambleas. A su vez, la comunidad ciudadana también se aleja y deja de creer en las bondades del sistema cooperativo. Es un daño irreparable.

Con una educación bien planificada y conducida, se benefician no sólo los asociados, sino también los trabajadores y la comunidad en general. Los consejeros aprenden a cumplir la ley, el estatuto, las normas internas y a desenvolverse dentro los cánones de lo moral y lo ético. Los funcionarios mejoran su relacionamiento humano con los socios y usuarios, así como elevan su eficiencia, honradez y tolerancia. La comunidad aprende a estimular el esfuerzo, a practicar los principios solidarios y a comprometerse e integrarse al sistema cooperativo.

Lastimosamente, determinados consejeros que administran algunas cooperativas, a pesar de los grandes excedentes que obtienen, no le dan a la educación la importancia que merece y lo ven más como un gasto que una inversión. No logran entender que la grandeza del cooperativismo se sostiene en la educación. Que en el presente significa un ahorro que a futuro redituará grandes beneficios. Es como una semilla de la que se cosecharan frutos para la familia, la cooperativa y la comunidad en general.

Recomendación: Los consejeros tienen que destinarle más tiempo y atención a la educación y asignarle un presupuesto acorde a su importancia. Cuando las cooperativas adecuen sus estatutos a la nueva ley, deberán considerar la creación de unidades o departamentos educativos, tal como sucede por ejemplo en Comteco, jerarquizándola mediante la contratación de personal idóneo que en lo posible sea asociado/socio de la cooperativa, a través de convocatorias públicas, eliminando la elección en asambleas amañadas, donde mediante “planchas” prefabricadas se cuotean los cargos, beneficiando a los adeptos de algunos directivos de turno, y en ocasiones en connivencia inclusive con socios de otras cooperativas.