Lunes 19 de agosto de 2013
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En función de los hechos ya adelantados por el Gobierno Plurinacional, resulta que el Ministerio de Transparencia ha enviado al Legislativo para tratamiento en esa instancia del proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que tendría la motivación especial de restringir el derecho de acceso a la información oficial.
Sin embargo, en parte especial del documento se lee que “la información será de acceso público”, pero con la aclaración pertinente de la existencia de por lo menos una docena de excepciones, aspecto considerado por los periodistas más bien como “prohibiciones”, no otra cosa significa por ejemplo una de éstas que señala “la prohibición a divulgar la información que se encuentra en proceso hasta tenerla concluida” u otras circunstanciales que pueden determinarse de la manera más sencilla a través de uno o más decretos, lo que restringiría de manera legal, pero autoritaria, la libertad de información de una serie de casos que puedan ser ventilados en las esferas gubernamentales.
Esta forma de control resulta que se convertiría en una transgresión abierta a los propios fines de la Ley de Lucha Contra la Corrupción que más bien precisa de un importante apoyo de los medios para mostrar el curso de investigaciones y procesos, salvando por supuesto y sin necesidad de otra ley, la “reserva” obligada que ya se establece a través del art. 281 del Código de Procedimiento Penal y de forma excepcional la “reserva de las actuaciones” que comprometan el curso de las investigaciones (¿?).
Fuente: LA PATRIA
