Lunes 22 de octubre de 2012
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El Gobierno como siempre reacciona tardíamente contra contrabandistas e invasores de propiedades mineras con resaltados sangrientos, como ocurridos en días pasados en Challapata, población distante a solo 100 kilómetros al sur de la ciudad de Oruro, junto a los sucesos ocurridos en las minas de Mallku Khota y Colquiri que ponen en vilo al país con balance negativo de muertes y heridos.
Por primera vez en su gobierno, Evo Morales, dispuso la acción militar, junto a policías y agentes del Control Operativo de Aduana (COA), para tomar control sobre contrabandistas de vehículos motorizados, denominados "chuteros" que comercializan el producto ingresado al país ilegalmente. Aquella acción fue calificada como la voluntad del Gobierno para establecer soberanía, en una región considerada como "tierra de nadie", donde no imperaba la ley porque pocos policías y autoridades judiciales no cumplían su misión, por temor a reacciones violentas de contrabandistas.
Challapata, en la provincia Avaroa, región agrícola-ganadera por excelencia, se convirtió en refugio de contrabandistas con presencia de delincuentes nacionales y extranjeros, después que el Gobierno hace poco menos de un año aprobó una disposición legal cometiendo error, influenciado por algunos asambleístas, abriendo el canal de nacionalización para casi 30 mil motorizados indocumentados.
