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Editorial y opiniones

EDITORIAL

Retos de la Ley 1173

15 oct 2019

Fuente: Arnold John Campos Atanacio

Sobre la excepcionalidad de la detención preventiva y la necesidad de especializar la investigación penal

Una de las finalidades fundamentales que se ha propuesto cumplir la Ley 1173, de Abreviaci√≥n Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Ni√Īas, Ni√Īos, Adolescentes y Mujeres, es evitar el abuso de la detenci√≥n preventiva, generando prescripciones espec√≠ficas sobre los casos en los que procede dicha medida cautelar, restringiendo los presupuestos de procedencia, limitando su duraci√≥n y ampliando la posibilidad de aplicar medidas alternas a aqu√©lla medida de √ļltima ratio, ratificando el principio favor libertatis que establece que, en la sustanciaci√≥n de un proceso penal, la libertad del encausado es la regla y su detenci√≥n la excepci√≥n.

A esa finalidad, entre algunas de sus novedades procesales establece que la detenci√≥n preventiva no proceder√° cuando se trate de personas mayores de 65 a√Īos, en delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo m√°ximo legal sea inferior o igual a cuatro a√Īos, en delitos de contenido patrimonial con penalidad inferior o igual a seis a√Īos, cuando no se afecte otro bien jur√≠dico; cuando se trate de mujeres embarazadas o madres en etapa de lactancia con hijos menores de un a√Īo y/o cuando la persona imputada sea la √ļnica que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una ni√Īa o ni√Īo menor de seis a√Īos o una persona con discapacidad que le impida valerse por s√≠ misma.

A esa finalidad, entre algunas de sus novedades procesales establece que la detenci√≥n preventiva no proceder√° cuando se trate de personas mayores de 65 a√Īos, en delitos sancionados con pena privativa de libertad cuyo m√°ximo legal sea inferior o igual a cuatro a√Īos, en delitos de contenido patrimonial con penalidad inferior o igual a seis a√Īos, cuando no se afecte otro bien jur√≠dico; cuando se trate de mujeres embarazadas o madres en etapa de lactancia con hijos menores de un a√Īo y/o cuando la persona imputada sea la √ļnica que tenga bajo su guarda, custodia o cuidado a una ni√Īa o ni√Īo menor de seis a√Īos o una persona con discapacidad que le impida valerse por s√≠ misma.

La norma incorpora tambi√©n la novedad de que la detenci√≥n no podr√° disponerse en forma ilimitada sino con plazo espec√≠fico, al t√©rmino del cual se debe evaluar su vigencia en audiencia establecida a tiempo de disponerla y ampl√≠a las posibilidades de generar la cesaci√≥n a la detenci√≥n preventiva, estableciendo como presupuestos adicionales a los ya conocidos, cuando haya vencido el plazo de duraci√≥n de la medida y no se haya solicitado su ampliaci√≥n, cuando la persona privada de libertad acredite estado de salud grave o terminal y el cumplimiento de sesenta y cinco a√Īos.

Advertidos los "nuevos" presupuestos procesales que restringen la posibilidad de aplicar la medida cautelar de detenci√≥n preventiva y ampl√≠an las posibilidades de cesarla, corresponde se√Īalar primero que, las mismas, nuevas no son y los razonamientos hoy normativamente plasmados en la ley que se comenta, en general, ya hubieron sido desarrollados en la jurisprudencia constitucional, existiendo innumerables precedentes que establecen la excepcionalidad de la detenci√≥n preventiva y la imposibilidad de asumirla como pena anticipada. No s√≥lo ello, la primigenia Ley 1970 ciertamente fue desarrollada con aqu√©l esp√≠ritu, pero su aplicaci√≥n fue deform√°ndose a instancias no s√≥lo de los operadores de justicia sino de la propia sociedad, que exig√≠a de los jueces cautelar en forma extrema a los presuntos delincuentes a t√≠tulo de justicia. As√≠ las cosas, frente a un hecho de relevancia social, los fiscales ped√≠an y los jueces otorgaban, la detenci√≥n preventiva como una respuesta al ansia popular de justicia, cuando la medida deb√≠a ser la √ļltima considerada del cat√°logo procesal penal, lo que devino en que m√°s del 80 % de nuestras c√°rceles est√©n llenas de detenidos preventivos.

Buena cuenta de lo se√Īalado se debi√≥ a que los jueces soslayaron su papel de tercero imparcial para inclinarse por la funci√≥n acusadora, en una suerte de compromiso de facto con la sanci√≥n de la criminalidad; ante la falta de probidad en la investigaci√≥n y de idoneidad en las imputaciones, pues se entender√° que no es f√°cil disponer la libertad pura y simple de un sindicado s√≥lo porque no se cumplieron adecuadamente los actos de investigaci√≥n o porque no se fundament√≥ adecuadamente la solicitud de aplicaci√≥n de una medida cautelar y cuando existe una fuerte presi√≥n social, los jueces pasaron de contralores de la investigaci√≥n a sus justificadores; se gener√≥ una deformaci√≥n plet√≥rica del proceso, al punto que se exigi√≥ al imputado que desvirt√ļe las afirmaciones del acusador, por ejemplo con relaci√≥n a los riesgos procesales, tornando la etapa preparatoria del proceso, que deb√≠a preparar la etapa principal que es el juicio, en una estadio fundamental del tr√°mite, al punto que la finalidad del proceso penal no era ya establecer la responsabilidad del encausado sino cautelarlo, en algunos casos, con la sola finalidad de presionar al imputado y hasta de extorsionarlo. El car√°cter de √ļltima ratio del proceso penal se fue desvaneciendo criminalizando todo, incluso evidentes causas civiles.

De todo ello se tiene entonces que la problem√°tica de la detenci√≥n tiene su origen en la disfunci√≥n operada sobre su car√°cter, al haberse soslayado su car√°cter instrumental y haberla posesionado en el imaginario colectivo como una finalidad per se, cuando el objeto del proceso no es aplicar medidas cautelares sino acreditar la responsabilidad penal del agente y en su caso reparar el da√Īo y recomponer el conflicto social; todo ello, porque las investigaciones no eran (son) llevadas a cabo con rigorismo t√©cnico, lo que motiv√≥ que el juez supla la labor fiscal, salvando imputaciones y aplicando medidas cautelares conforme a ello, deformando el proceso.

Si se considera que las directrices enunciadas estuvieron siempre en la ley, que el juzgador no las cumplía por las deficiencias de la investigación anotadas, no obstante que la jurisprudencia las fue también discerniendo y que, ahora, por disposición de la ley, son obligatorias; en el marco de los presupuestos establecidos a no dudar que se va a generar una serie de reclamos profusos cuando la Ley entre en vigencia, no sólo porque ya no podrá recurrirse a la detención preventiva como una media de coerción y porque eventualmente los presuntos criminales saldrán libres, sino porque ahora se deberá observar como una verdadera necesidad, el desarrollo de la etapa preparatoria en su verdadero sentido, como una preparación para el juicio.

Si ello es as√≠, esto conlleva generar la investigaci√≥n desde otra perspectiva, no para cautelar sino para responsabilizar, lo que importa la necesidad de cambiar en el imaginario social la verdadera finalidad de la audiencia cautelar, donde no es posible exigir justicia porque sencillamente en ella no se establece responsabilidad penal alguna y reforzar la investigaci√≥n y, como presupuesto ineludible de ello, las instituciones que tienen a su cargo dicha finalidad, esencialmente la polic√≠a, que es la instancia que debe generar el esclarecimiento de los hechos para ponerlos a valoraci√≥n del Ministerio P√ļblico para que en su caso se endilgue un hecho criminal a una persona. √?ste es el verdadero reto de la ley tras la modificaci√≥n operada en el r√©gimen de aplicaci√≥n de medidas cautelares, pues ya no es posible asumir la privaci√≥n de libertad de una persona como un fin cautelar en s√≠ mismo, sino como el resultado del establecimiento indubitable de su responsabilidad personal, lo que no puede devenir sino de una investigaci√≥n objetiva y responsable.

(*) Juez de Instrucci√≥n Penal 2¬į de la Capital-Oruro

Fuente: Arnold John Campos Atanacio
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