La pena de muerte no asesinará a la inseguridad ciudadana

El cobarde asesinato de dos jóvenes periodistas, víctimas de los cogoteros en la ciudad de El Alto, en La Paz, puso al descubierto la débil infraestructura policial y reavivó el pedido ciudadano para exigir la pena de muerte, máxima sanción que hace muchos años se aplicó en el país y fue suprimida para respetar el derecho humano a la vida de los delincuentes.

El pedido de la población nace de la impotencia y la bronca contenida por la ola de asaltos, atracos, robos y otras acciones que cometen los integrantes de pandillas y ocasionales delincuentes que aprovechan la falta de una política de seguridad ciudadana en el país y prefieren arriesgarse para hacerse del botín de sus víctimas sin importarles la sangre, dolor y luto que pueden dejar en muchas familias.

El mensaje del máximo representante del Estado Plurinacional, lanzado de forma festiva y sin medir las consecuencias, cuando aseguró que “hace lo que quiere y sus abogados después arreglan nomás” caló muy adentro en los jóvenes, porque ahora cometen delitos y siempre encuentran nuevas formas de burlar la acción de las autoridades.

Siguiendo ese ejemplo de ignorar la ley, se diluyen las normas de buena conducta el respeto a las personas y la propiedad privada, así como el temor a la penalidad por la comisión de delitos que muchas veces son calificados como bagatela y, sin embargo, resulta ser el primer paso de un futuro delincuente en potencia que luego comete otro robo, atraco o asalto y continúa con su frondoso registro delincuencial que al final adopta la práctica del delito como un modelo de vida.

Si queremos frenar y reducir la inseguridad ciudadana, el Estado tiene que generar fuentes de empleo para que los bolivianos tengan una fuente laboral segura y permita a los padres de familia llevar el sustento a sus hogares, a los niños y jóvenes estudiar y formarse, lejos de integrar pandillas y salir a las calles “a buscarse la vida” por el descuido de sus progenitores y por la lacerante pobreza de muchos hogares.

La efectiva lucha contra la inseguridad ciudadana sólo será posible si evitamos que los adolescentes cometan su primer delito y para que eso ocurra se deben organizar centros de apoyo barriales, donde los jóvenes y niños asistan para aprender determinados oficios, dedicarse a la música, pintura, canto, sesiones de estudio y hasta el conocimiento de las normas y leyes vigentes para inculcarles el respeto por el prójimo y las personas, sin dejarles tiempo para pensar en la comisión de delitos.

Así los dirigentes de las juntas vecinales en coordinación con las parroquias y los integrantes de las iglesias y cultos deben organizar en cada barrio o zona, cursos de diferentes características que motiven la atención de la juventud para que concurran a conocer nuevas experiencias de vida, lejos del consumo de bebidas alcohólicas y hasta drogas, como habitualmente ocurre en céntricos paseos de la ciudad y donde es reducida la presencia policial.

Las autoridades llamadas por ley, en este caso del Municipio, tienen que proceder a la clausura de todas las licorerías clandestinas y las que se encuentran próximas a establecimientos educativos, así como los denominados “cafés-pub” que se han convertido en antros de perdición de los adolescentes, quienes asisten y consumen alcohol en dudosas bebidas que expenden los tragueríos que crecen como hongos en todas partes de nuestras ciudades y poblaciones urbanas.

La acción preventiva, es determinante para evitar que se registren más asaltos, atracos y robos que muchas veces tienen consecuencias funestas y para eso, las autoridades están obligadas a educar a la población a través de la difusión de mensajes en los medios de comunicación, cambiando la publicidad que hacen de sus obras, por recomendaciones y hasta tareas de concientización planificadas para mostrar a los niños y jóvenes que hay varias formas de desarrollar y crecer en un ambiente donde prime el respeto por la persona humana, las leyes y se cumplan las normas establecidas.

En las escuelas y colegios se deben realizar campañas de concienciación para evitar el consumo de alcohol entre la niñez y juventud, organizando prácticas deportivas, sesiones especiales de danza, música, teatro, dibujo, pinturas y muchas otras técnicas que permitirán avivar la inteligencia de los estudiantes que evitar la práctica de acciones delincuenciales.

La seguridad ciudadana es tarea de todos y debe partir de la iniciativa de las autoridades que motiven e inculquen en la población adecuadas prácticas de respeto y sana convivencia, que se complementen con el ingreso económico suficiente y la fuente laboral para cada boliviano que debe llevar el sustento diario para sus familias. Ojalá así lo permita el Estado Plurinacional porque en definitiva la pena de muerte no asesinará a la inseguridad ciudadana.

(*) Periodista