En más de seis años del Gobierno del MAS, los medios de comunicación, los periodistas y hasta la misma colectividad, han adoptado la costumbre de tomar a la libertad de expresión como un vaivén al que somete el Gobierno a la libertad intrínseca del ser humano como es la expresión sin tapujos, ni condicionamientos ni temores de ninguna especie.
Declaraciones de uno u otro funcionario, empezando por la alta investidura del Presidente, dejan a la libertad de expresión como algo que bien puede estar hoy en un sentido como mañana en el contrario; en otras palabras, parece que todo tendría que girar conforme a la voluntad, deseos y hasta caprichos de quienes hoy están en el poder. Los medios, conscientes de sus deberes y responsabilidades, no tienen otro remedio que recorrer ese camino sinuoso de no saber a qué atenerse.
Como simple ejemplo, bastaría ver lo expresado por el Primer Mandatario en reunión de la “cumbre social” del 29 de noviembre pasado en que sostuvo: “Los medios de comunicación y periodistas mienten al informar”. La afirmación, sin contenido de verdad alguna, tampoco fue aclarada y menos se presentaron casos conforme pidieron en su momento los comunicadores. La frase quedó flotando y fue interpretada conforme a quien la tome en cuenta, la analice o la deseche.
Para los medios, la información, el análisis, la opinión, las sugerencias y las críticas que se vierten mediante la prensa, televisión, radio o comunicación alternativa, lo importante es sujetarse a la verdad de los hechos, actuar con mucha responsabilidad y evitar yerros que den lugar a tergiversaciones en la interpretación. Que alguna vez se deslicen errores de imprenta (como se llama en medios de prensa, sea por equívocos o mala aplicación de algún término) no es nada raro; pero, en ningún caso se ha comprobado que haya sido con intención vedada o ajena al hecho comentado; pero, que sea versión mentirosa o calumniosa o contraria a principios morales, no ocurrió.
Muchas veces, ante comentarios o denuncias de autoridades, en cualquier tiempo o régimen de gobierno, se ha pedido que los casos que implican susceptibilidades o dañan a la dignidad de personas o instituciones, se den a conocer, se presenten las pruebas y se exprese con total honestidad cuál es el daño causado; los afectados o “víctimas”, jamás han presentado las pruebas ni señalado los daños ocasionados y el hecho quedó en que “mejor no meterse con la prensa”. La verdad es que “meterse” con la prensa es un derecho de la libertad de expresión y nadie podría verse afectado porque las quejas o comentarios contrarios sean rechazados por los medios y, si alguna vez algún medio no ha publicado las aclaraciones o correctivos necesarios, puede ser simple descuido o, en algún caso, falta de ética y responsabilidad.
En general, lo que ocurre ahora con las autoridades –especialmente las de alta jerarquía– es que la comunicación está en una especie de juego de vaivenes, manejada conforme a conveniencias y caprichos. Al respecto, sería interesante que todos los casos sean concretados y aclarados debidamente porque el dejar flotar comentarios, maliciosos o ciertos, al aire, al vaivén de las interpretaciones, no es conveniente para nadie y mucho menos para el Gobierno que siempre alega tener razón aunque no la tenga.
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