Se hacen muchos esfuerzos, se habla demasiado, se gastan recursos del Estado, se ha perdido valioso tiempo y la vigencia de los autogobiernos no sale adelante porque sencillamente no se han limado asperezas en su construcción, como los casos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija que fueron los primeros en establecer y aprobar sus sistemas autonómicos, pero que fueron objetados desde el Poder Ejecutivo una vez que se aprobó la nueva Constitución y que de manera expresa introduce condicionamientos para establecer autogobiernos.
Hace meses, mucho más de un año atrás, se dispusieron algunos instructivos para que las Asambleas Departamentales trabajen denodadamente, con prisa y sin pausa hasta definir el documento indispensable del estatuto autonómico que es la base para definir la funcionalidad del autogobierno. Se comenzó el trabajo en todo el país pero no se alcanzaron objetivos precisos, de ahí que una evaluación del caso señala que La Paz es el distrito más avanzado en el asunto, aunque no definitivamente consolidado.
Increíblemente en los departamentos pioneros del establecimiento de las autonomías, los del oriente y Tarija, los documentos están avanzados, pero contienen algunos elementos que “chocan” con la idea global que sobre el tema tiene el Gobierno, por tanto su aprobación no corre, aunque a decir verdad su aplicación tiene cierta práctica que muestra la voluntad de quienes exigen respeto a sus decisiones, pues llegar al autogobierno implica respetar lo que el pueblo quiere y no lo que el Estado instruye.
Las cosas van por ese lado y de manera particular en lo que corresponde a nuestro departamento ya se dijo que “aunque el puente no es muy alto ni muy ancho, corrió bastante agua” sin resultados positivos, el avance en lo que se dice “construcción del estatuto orgánico de Oruro” es significativamente inútil, se pretendió consensuar criterios en cierto nivel de representatividad ciudadana dejando fuera de contexto a sectores que son parte de la dinámica cotidiana de trabajo, inversión y producción, por tanto un estatuto que no incluya a todos los sectores del quehacer rutinario, práctico y efectivamente productivo simplemente no sirve, no tiene validez y no ejerce fuerza para establecer de una vez el sistema de autogobierno.
Los orureños seguimos observando que nuestra dependencia del Poder Central es la causa de nuestro atraso, no podemos decidir por cuenta propia lo que más convenga a los intereses de la comunidad orureña, seguimos en la condición de pedigüeños y por supuesto que son pocos los beneficios que por ese método logramos. Eso sucedió el último 10 de Febrero, mucha bulla para pocas cosas prácticas, nuestros proyectos de desarrollo siguen siendo parte del tradicional pliego petitorio que exige la culminación de trabajos en la carretera hacia Pisiga, el establecimiento del Puerto Seco, la habilitación del Parque Industrial, la efectiva reactivación de la minería general y no sólo sectorial, apoyo más pronunciado para mejorar la ganadería y la agricultura, la artesanía y el turismo, fondos para salud y educación, sólo entre algunas de las necesidades que podrían ser cubiertas con una administración autónoma.
Desde el Ministerio de Autonomías se ha recomendado a los asambleístas departamentales priorizar su trabajo legislativo en la elaboración de los estatutos autonómicos, sólo de esa manera estarán cumpliendo una de las más importantes misiones que les encomendó el pueblo, eligiéndolos para que sirvan a las mayorías por encima del interés político sectario.
Fuente: La Patria
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