Las Leyes Corta y de Consulta diseñadas en marchas forzadas por la Asamblea Plurinacional y aprobadas por el Ejecutivo, se convierten en clavos en los calzados del Gobierno que preside Evo Morales Ayma, porque ambas disposiciones fueron elaboradas por presiones sociales, sin adecuado análisis y sin advertir graves consecuencias futuras que podría tener el país, por las contradicciones existentes y la pugna manifiesta por dos sectores; unos que defienden su territorio oponiéndose a la construcción de la carretera Cochabamba-Beni, que partirá en dos el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y, el segundo grupo que apoya a la construcción de aquella vía.
Los indígenas del Tipnis, reconocidos por la Constitución Política del Estado, después de la forzada marcha y sus masacrados en Yucumo por fuerzas policiales, llegando a la ciudad de La Paz lograron que el Gobierno apruebe la denominada Ley Corta, dejando en suspenso la obra vial y declarando a la Amazonía “Intangible”, escuchando la voz de marchistas y buena parte de la ciudadanía que defiende la biodiversidad, el medio ambiente y la reserva forestal, que hasta hace poco está invadida por cocaleros disfrazados de colonizadores.
Al incluir la palabra “Intangible” en la Ley Corta, los asambleístas, cómodos en sus mullidos curules y el mismo presidente Morales, no fueron capaces de analizar los alcances de ese vocablo, porque la Asamblea con mayoría de oficialistas masistas, creo que ni el 85 % de éstos no conocían el significado de la intangibilidad que, ahora es otro clavo para quienes conforman el poder Ejecutivo, Ejecutivo que equivocó su camino porque el Presidente, sus ministros y asesores no actuaron con inteligencia; más bien, como justificación de sus errores afirman que fueron engañados o se equivocaron para ocultar su ineficiencia.
También recurren a la organización de otra marcha con colonizadores afines al Gobierno con el nombre de Conisur y grueso sector de cocaleros del Chapare, expresando apoyo a la construcción de la carretera, cercar a la Plaza Murillo de la Sede de Gobierno, para obligar la redacción de otra ley denominada “De Consulta” para calmar los ánimos. Ley aprobada en borrascosa reunión de la Asamblea Plurinacional y abandono de un Grupo indígena y la oposición, con otro objetivo: no provocar el enojo de Brasil, interesado en la construcción de la carreta Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por conveniencia geopolítica que le permita ampliar su criterio expansionista, poniendo a disposición de Bolivia el préstamo de 300 millones de dólares provenientes del Banco Económico de Brasil y contratar, con anuencia boliviana, a la constructora brasileña OAS, con un supuesto sobreprecio de 100 millones de dólares.
La Ley “De Consulta”, viola la Constitución porque el Territorio Indígena es área protegida y porque el Ejecutivo no puede manejar la Consulta, sino es obligación sólo de información, porque en el proceso de esa última ley, no puede haber parcialización, sin adecuada decisión de los interesados, especialmente de aquellos que defienden su territorio, porque ya el 2010 se hizo una consulta sobre aquella carretera, afirmando la imposibilidad de ese trabajo, existiendo otras posibilidades de encarar la vía desviando el tramo dos para no partir el parque indígena.
(*) Periodista
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