Bolivia se ha convertido en un Estado atrabiliario, y así se demuestra a partir del año 2008 con escenas como las de la Calancha en Chuquisaca, la muerte de un joven estudiante en Cochabamba, el caso del Porvenir en Pando, lo de Caranavi en Nor Yungas, el 25 de septiembre en Yucumo contra los hermanos indígenas del Tipnis, Yapacaní en el departamento de Santa Cruz, culminando el pasado jueves en las cercanías de la plaza Murillo, sin tener en consideración lo indefensos que son nuestros hermanos discapacitados.
Lo curioso es que todos ellos no han sido esclarecidos hasta el presente, quedando en la impunidad los mismos, de manera que no existen culpables sino simplemente víctimas de lo atrabiliario que se ha convertido nuestro país, al extremo de que las instancias nacionales e internacionales no dicen absolutamente nada sobre estos hechos, porque parecería que estuvieran alineados al sistema imperante, olvidando que se trata de la defensa de derechos significando en consecuencia que los resultados deben ser considerados como delitos de lesa humanidad.
En cuanto al origen de la marcha de los 100 días protagonizada por cientos de ciudadanos discapacitados, entre los que se encuentran además ciudadanos de la tercera edad, no fue sino por la exigencia de cumplimiento de una Ley anterior y paralelamente recordar al actual Presidente del Estado Plurinacional el compromiso adquirido por estos cientos de bolivianos, ya que en época electoral ese compromiso fue el de traspasar más de Cuarenta Millones 00/100 Bolivianos de los que gozaban los partidos políticos, para otorgar un bono anual a quienes no tienen las condiciones naturales para enfrentarse a la vida.
Ese compromiso determinó el apoyo de esos miles de discapacitados, inclusive con una representación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, pero que a la postre se quedó en simple compromiso lo que determinó iniciar la marcha heroica, sin que autoridad alguna hubiera puesto interés en una solución inmediata a sus demandas, llegando a dicha extrema medida.
Debemos observar la actitud del gobierno de Evo Morales al haberse dispuesto el acordonamiento de la plaza Murillo a fin de evitar el ingreso de estos ciudadanos indefensos a dicho lugar, pero cuando se trata de apoyo al Gobierno se actúa de manera diferente, lo que jurídicamente es contrario a lo dispuesto por la Ley contra la discriminación que, paradójicamente, fue elaborada por el mismo Gobierno pero que a la postre no respeta su propia obra.
El enfrentamiento ocurrido entre las fuerzas del orden y los discapacitados, no se justifica de ninguna manera, porque no se trataba de masas políticas sino de humildes ciudadanos que solamente exigen el cumplimiento de un compromiso que asumió Evo Morales en una época electoral, más aún si se trata de ciudadanos que lindan en la pobreza, y los Mil Bolivianos ANUALES son una suerte de limosna.
Sin embargo, surgen muchas interrogantes en torno al comportamiento de las fuerzas del orden: ¿Quién ordenó el acordonamiento de la plaza Murillo?, ¿por qué razón las fuerzas del orden, que son defensores de los derechos humanos, actúan en contra de dichos derechos ?, ¿quién o quienes ordenaron que se actúe de aquella manera?, ¿acaso será que no existe profesionalismo?, ¿por qué no se tuvo en consideración el estado natural de nuestros hermanos discapacitados?, ¿el Gobierno será de los pobres?, ¿acaso quienes rodean al Presidente Evo no buscarán desprestigiarlo con estas actitudes?
Estas y otras interrogantes surgen en la población boliviana, porque se acusa que se trata de actos criminales que en cualquier sociedad se deben rechazar. Es que se han tenido centenares de muertos que a la hora de la verdad se deberán tener en cuenta.
(El ejercicio del poder corrompe y su sometimiento degrada).
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