Defensor prepara estrategia para que represión a indígenas no quede impune
23 feb 2012
Fuente: La Paz, 22 (NAN).-
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El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, informó que implementará una estrategia para evitar que la represión policial del 25 de septiembre a la marcha de los indígenas del Tipnis no quede impune y sin castigo a los responsables o autores de aquella orden que aún es investigada lentamente por la Fiscalía del Distrito de La Paz.
Indicó que no hará un trabajo de seguimiento sino de cumplimiento, lo cual supone que se irá más allá de un análisis de los casos y el proceso de investigación a cargo de la Fiscalía que prioriza la denuncia contra los indígenas sobre un supuesto secuestro al canciller David Choquehuanca, mientras la denuncia contra el ex ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, duerme el sueño de los justos.
Entre tanto, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, aseguró que defenderá a las diez mujeres que están acusadas de secuestro al canciller David Choquehuanca y manifestó que el Gobierno tiene un espíritu de Caín y de rebeldía contra la ciudadanía que se oponga a su política.
Dijo que la dirigencia indígena espera que a través de los abogados encuentren fiscales y jueces idóneos que tengan la intención que la ciudadanía viva en paz y tranquilidad, y no una especie de persecución judicial a los indígenas que se opusieron a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
En noviembre del año pasado, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, identificó a Sacha Llorenti, ex ministro de Gobierno, por haber decidido e impartido ilegalmente que fuerzas policiales intervengan y desarticulen la marcha indígena; y a Marcos Farfán, ex viceministro de Régimen Interior, y Boris Villegas, director General de Régimen Interior, por haber preparado el operativo policial.
Junto a ellos también fueron identificados Ramiro Delgado, jefe de Gabinete; Carolina Vertiz, consultora de línea; Edwin Contreras, responsable de Bienes y Servicios; Diego Pérez, Auxiliar; y Jorge Arzabe, Adalit Rivero y Ernesto Castro, miembros de la Unidad de Gestión de Conflictos y Alerta Temprana del Ministerio de Gobierno, por haber colaborado en la preparación, seguimiento y coordinación del plan de intervención policial.
Igualmente encontró responsabilidad en el general Oscar Muñoz, ex subcomandante de la Policía actualmente con arresto domiciliario y los policías Modesto Palacios, Edwin Foronda, Óscar Chávez, Alberto Aracena, Henry Terrazas, otros jefes policiales por su intervención y ejecución de la violenta intervención, la detención arbitraria y el traslado de los detenidos el 25 y 26 de septiembre del año en curso.
El ex ministro Llorenti declaró el 27 de septiembre que ni él ni el presidente Morales ordenaron la intervención policial y culpó a su ex viceministro Marcos Farfán de haber dado la ordenado la acción policial.
Aunque Llorenti renunció para facilitar la investigación, ni la Fiscalía ni la anunciada comisión interinstitucional con supervisión de la ONU, terminar de estructurar una investigación seria.
Fuente: La Paz, 22 (NAN).-
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