La atención de salud es un derecho al que deberían tener acceso todos los ciudadanos de una nación si el concepto de salud y vida es la consigna de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el sentido de permitir que todos los habitantes del mundo puedan ser atendidos en el desarrollo de su bienestar, desde la infancia y los años siguientes, bajo normas especiales de prevención y cuidados permanentes de la salud.
La OMS socializa el ideal de alcanzar un seguro universal de salud, pero las condiciones de cada país constituyen el factor preponderante para definir los planes de salud que puedan aplicarse en beneficio de su población, una mayoría que necesita del seguro social gratuito, como sucede en todas partes, una minoría que accede directamente a los servicios de salud privados.
En la actualidad se han presentado ciertas alternativas relacionadas con la cobertura de salud que necesita la población y en boca de autoridades del ramo se menciona que el paso importante sería la cobertura general de los bolivianos con eficientes servicios de salud pública.
Hay que mencionar que cerca de 10 millones de personas tendrían ese beneficio que en la actualidad es limitado a menos del 30 % de toda la población y esto debido a restricciones específicas de infraestructura hospitalaria, considerando que la existente es absolutamente insuficiente en lo que corresponde a los hospitales públicos y los que se cuentan dependiendo del seguro social, aunque estos últimos han sido implementados en el último tiempo con equipos de última generación pero no sucede lo mismo con la calidad profesional que se requiere para garantizar los delicados servicios de la salud nacional.
El sistema privado de salud que se presta en varias clínicas privadas o que son dependientes de algunas organizaciones limitan sus servicios de manera sectorial y bajo estrictas normas de orden económico, por una parte con el aporte de asociados y en otros casos con el cobro directo por los servicios prestados y de acuerdo a modalidades aplicadas empresarialmente.
El derecho a ser parte del seguro social consiste en el aporte que efectúan los trabajadores sagradamente y mediante descuento directo de sus salarios en un porcentaje definido, situación que también se utiliza para la atención que el seguro social brinda a los jubilados, rentistas y derecho habientes. Estos centros si bien se han ampliado en algunos distritos siguen siendo reducidos para el número de afiliados que cotidianamente demandan atención médica.
Bajo estas condiciones vigentes en nuestro país hay la intención de ampliar los sistemas de salud con mayor cobertura para la gran población, sin embargo aplicar cambios simplemente de nominación, con algunas variantes en los sistemas de financiamiento de los servicios, utilizando como base toda la infraestructura perteneciente a la seguridad social no es una solución, al contrario aumentará los problemas que se confrontan y que son justamente aquellos que se relacionan con la calidad y calidez de servicios que reclaman los beneficiarios y que más bien podrían mejorarse con el financiamiento del Estado en la creación de más centros médicos, hospitales de todo nivel y otros de especialidades, debidamente equipados para responder a la urgencia médica de un conglomerado social que crece inexorablemente y como dice la OMS sería ideal que se beneficie de un seguro universal de salud.
La salud pública tiene más restricciones que el seguro social, por tanto sería conveniente que se fortifique al sector que tiene mayores debilidades para mejorar así el conjunto de los servicios de salud para toda la comunidad boliviana. Pretender cambios con fines políticos en el sistema de salud puede resultar un hecho negativo, como cuando el remedio es peor que la enfermedad.
Fuente: La Patria
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