Si se hace un recuento de los problemas internos que se confrontan en el país debido a las fallas existentes en la delimitación de los departamentos y cientos de comunidades y municipios, sólo se puede coincidir en el hecho de que los mapas actuales están propiamente desactualizados por efecto de alteraciones provocadas exprofesamente por comunarios y vecinos o en contados casos por efectos naturales.
Este tema del “mapeo” nacional se arrastra también desde la mismísima fundación de la República, pues la historia refleja que sólo después de muchos años de 1825 Bolivia lograba su primer mapa referencial que marcaba sus límites en una posición teórica más que práctica, pues en esos tiempos era casi imposible cumplir el recorrido total del entorno del país para marcar el territorio por lo menos con mojones y más adelante técnicamente con los hitos.
Se atribuye justamente a esa deficiencia demarcatoria de nuestra superficie los constantes abusos de países vecinos que incursionaban en suelo boliviano y hasta se apoderaron de centenares de kilómetros
cuadrados que aprovecharon especialmente por su riqueza natural, la misma que se redujo en varios sitios de nuestra geografía original.
Pasados los años y aunque se hicieron ciertos intentos de establecer los verdaderos límites territoriales, aún en el presente, todavía tenemos algunos problemas por incursiones abusivas de los vecinos que inclusive alteran la posición de los hitos y colocan minas en nuestro territorio.
Una serie de hechos nos demuestra también que en el ordenamiento interno tenemos muchas fallas en el establecimiento de límites que naturalmente deben corregirse para evitar confrontaciones entre naturales de una misma región, pero separada generalmente por una imaginaria línea limítrofe que se mueve de acuerdo a los intereses de los comunarios más agresivos, que no es lo mismo que aguerridos.
Por datos que se manejan en algunas gobernaciones, incluyendo la nuestra, se sabe que hay carencia de adecuado material cartográfico (mapas) pues de manera irregular se utilizan mapas “referenciales” que lograron por una parte el Instituto Geográfico Militar (IGM), por otra parte datos de censo que usa el Instituto Nacional de Estadística (INE) y además otra cartografía que maneja el Ministerio de Autonomías, por tanto con una carencia total de coordinación que complica las tareas de conciliación entre los comunarios de municipios en conflicto.
Frente a ésta realidad irrebatible en su contexto por las características que se comprueban cada que se presentan conflictos de límites, hay necesidad de exigir que el Poder Gubernamental instruya la aprobación de una Ley de Emergencia (corta) disponiendo la elaboración de una nueva carta geográfica nacional, que en determinado tiempo y antes de un nuevo censo defina los límites territoriales del Estado Plurinacional, eliminando de ese modo los permanentes conflictos y agresiones entre hermanos bolivianos en abierta pugna por aprovechar los recursos naturales, que si bien son de todos los bolivianos permiten, por razones de jurisdicción, mayores beneficios a esas regiones donde se produce el emprendimiento extractivo.
Se hablan de muchas leyes, de soluciones a varios problemas nacionales, actualizar la cartografía nacional debería ser una prioridad para salvar las contingencias que enfrentan a los bolivianos y que además ocasionan pérdida de tiempo en el avance de proyectos para consolidar el desarrollo de varios departamentos.
Fuente: LA PATRIA
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