A costa del planeta y de los derechos humanos

En plena era de la información, el crecimiento de algunos países industrializados o de los llamados “emergentes” depende de la explotación de sus materias primas: níquel, litio, bauxita para fabricar aluminio, zinc, plata, uranio, plomo, cobre, oro, hierro, gas, petróleo, manganeso y estaño.

A estos países se les comienza a denominar Carbs (las siglas se utilizan en el inglés para abreviar carbohydrates), un nuevo “club” compuesto por Canadá, Australia, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Se calcula en 60 billones de dólares el valor de las materias primas que controlan estos cinco países y que abarcan casi un tercio del total de las tierras en el planeta. Suponen además entre el 25% y el 50% de la producción mundial de los metales y minerales mencionados. Pero en términos demográficos, estos países sólo concentran el 6% de la población mundial.

Preocupa el impacto de la minería en Canadá, Australia y Rusia. Algunas de las explotaciones se efectúan con técnicas como la minería a cielo abierto, que muchos ecologistas consideran una agresión al medio ambiente. Se levantan toneladas de partículas tóxicas y se contaminan acuíferos, ríos y lagos, lo que pone en peligro los cultivos, la flora y la fauna. Estos países resisten las turbulencias de “los mercados” financieros, pero con el riesgo de inflar una burbuja como las que han explotado en otros países y de tener un impacto medioambiental que arrastrarían las generaciones venideras.

Para rentabilizar la extracción mineral, algunas grandes empresas emplean “mano de obra barata”, muchas veces extranjera, que necesita el trabajo y que tiene dificultades para reclamar ante los tribunales condiciones dignas de trabajo. Durante el último siglo, la extracción de materias primas en países empobrecidos, ha estado vinculada a gobiernos corrompidos, a secuelas graves en la salud, a condiciones de trabajo esclavo, a represiones militares, desapariciones y torturas, lo que ha disparado las demandas contra empresas multinacionales como Royal Dutch y Shell en tribunales de Estados Unidos y de otros países.

La experiencia de los Carbs y de Estados Unidos en la industria metalúrgica les ha servido a sus empresas como plataforma para invertir y desarrollar proyectos en otros países con materias primas. En América Latina, han obtenido concesiones mineras que han desatado protestas de las poblaciones locales. Están al tanto de las posibles consecuencias ante marcos jurídicos menos comprometidos con el medio ambiente y más “amigables” con las inversiones extranjeras que los que existen en países desarrollados como Canadá y Estados Unidos. Temen que los impactos medioambientales provoquen desplazamientos de poblaciones autóctonas que defienden el derecho colectivo a sus tierras, vinculadas a su identidad como pueblo y a su sustento. Naciones Unidas ha apoyado esas reivindicaciones de los pueblos indígenas, por encima de un supuesto derecho al desarrollo económico nacional.

Ante las protestas, los enfrentamientos populares y el conflicto político, la empresa minera estadounidense Newmont ha paralizado el proyecto Conga en Perú hasta que el Gobierno y la población de Cajamarca lleguen a un acuerdo. Se ha mantenido el Estado de excepción “para garantizar el orden público y los servicios básicos”.

El pueblo huichol en México tiene reivindicaciones similares ante las concesiones mineras a empresas como la canadiense First Majestic en la zona de Wirikuta, que considera de valor espiritual, además de indispensable para su sustento agrícola y de consumo del agua.

Se desangran el planeta y las economías, mientras se extiende un modelo de consumo a una población que no para de crecer y que el planeta no puede soportar. No se presentan alternativas al aumento del consumo como receta contra la crisis, aunque las clases medias y trabajadores puedan permitirse cada vez menos cosas por las medidas de austeridad que les imponen, y de las que se salvan los más ricos y las multinacionales.

(*) Periodista, coordinador del CCS

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