MSM: Persecución política del Gobierno afecta incluso a disidentes del MAS
07 feb 2012
Fuente: La Paz, 6 (ANF).-
La diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Marcela Revollo, manifestó que el informe de la Naciones Unidas sobre la conflictividad en el país y la persecución judicial a los opositores refleja con precisión la política del Gobierno, más aún cuando en el último tiempo el Ejecutivo y el MAS inició una nueva “cacería de brujas” incluso contra los disidentes del oficialismo, que cuestionan las políticas del presidente Evo Morales.
Considera que esta preocupación es compartida por gran parte de la población boliviana, los opositores en la Asamblea Legislativa y en las regiones, pues como ejemplo de la política autoritaria del Ejecutivo mencionó el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la suspensión de los gobernadores de Beni y Tarija, al igual que las renuncias forzadas de los alcaldes opositores de Quillacollo y Sucre.
No obstante, el diputado del Movimiento al Socialismo (MAS), Lucio Marca, sostuvo que en el país no existe persecución política, sino por el contrario existirían elementos de prueba para procesar a las ex autoridades por supuestos casos de corrupción en los estrados judiciales.
“Existe materia justiciable (contra ex autoridades), hay elementos que hacen ver al fiscal que debe abrir las investigaciones (…) una vez que el Ministerio Público abre las investigaciones, si encuentra elementos para enjuiciar, porque existe la necesidad de realizar un juicio”, manifestó.
A su vez el legislador indicó que el Órgano Ejecutivo deberá emitir un informe a la Organización de Naciones Unidas (ONU) para explicar los juicios abiertos que existe en contra de los autoridades de la oposición para aclarar este tema, al igual que con lo ocurre con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
En los últimos seis años, los líderes de la oposición en muchos casos se vieron obligados a salir del país y pedir asilo político, tal es el caso de Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, José Luis Paredes, Branco Marinkovic, Guido Nayar, quienes argumentaron que la justicia y la Fiscalía se encontraban subordinadas al poder político.
PROCESOS
El ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, fue inculpado por los sucesos registrados en el Porvenir, Pando, en septiembre de 2008, quien actualmente se encuentra recluido en el penal de San Pedro desde hace tres años y cuatro meses sin sentencia condenatoria.
El ex gobernador de Tarija Mario Cossío acusado de supuesto enriquecimiento ilícito, solicitó refugio al Paraguay el 21 de diciembre del 2010, actualmente goza de ese beneficio, pero aún no renunció al cargo.
El gobernador suspendido del Beni Ernesto Suárez Sattori es acusado por una supuesta compra de un motor de energía eléctrica en mal estado, actualmente se encuentra fuera de funciones mientras dure el proceso penal, aseguró que permanecerá en el país y que no renunciará al cargo.
El gobernador de Santa Cruz Rubén Costas enfrenta más de una decena de procesos penales que podrían allanar su suspensión, como el proceso iniciado por desacato por el vicepresidente Álvaro García Linera. No obstante su defensa legal encara cada uno de esos juicios.
El informe de Naciones Unidas hace referencia a la frecuencia de casos judiciales que involucran a personalidades políticas de la oposición, por recomendó de que los mismos sean tratados por las autoridades competentes en un marco de estricto apego a la imparcialidad, la presunción de inocencia, el debido proceso y la más alta transparencia, según establece la Constitución”.
“De esta manera los ciudadanos tendrán la confianza de que las instituciones y la justicia boliviana actúan con eficacia y respeto por los derechos humanos de todos y todas por igual”, señala el informe.
Fuente: La Paz, 6 (ANF).-
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