El 6 de febrero está prevista la inauguración del nuevo año escolar 2012, con la gradual puesta en práctica de la reforma educativa según la Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Se trata de una ambiciosa reforma que pretende llevar a la educación el proceso de cambio del Estado Plurinacional. Esta inauguración no sucederá sin controversia. Ya los maestros del magisterio de La Paz junto con algunos padres de familia han protagonizado una marcha por las calles del centro de la ciudad hasta el Ministerio de Educación para protestar por la implementación de la nueva malla curricular que ellos apenas conocen y consideran atentatoria para los maestros y para los estudiantes de las distintas unidades educativas.
El ministro de Educación, Roberto Aguilar descalificó esta protesta, calificando de troskistas a los manifestantes, y negó que la reforma sea atentatoria contra los derechos de los maestros. Aseguró que "el objetivo fundamental es el lograr mejorar la educación, con un poco de sacrificio y adecuación". Informó que los textos de planes y programas de la nueva currícula serán entregados en la inauguración del año escolar. Según él "los maestros de primero de primaria y primero de secundaria van a ser los que van a tener una actividad intensa de capacitación y actualización".
La Iglesia Católica, que en Bolivia a través de sus instituciones atiende un porcentaje considerable, alrededor de un 15%, de estudiantes de enseñanza primaria, secundaria, universitaria y alternativa, está analizando la aplicación de la Ley y de las mallas curriculares. Pero ya en su momento, al promulgarse la Ley en diciembre de 2010, denunció el monopolio fiscal en la formación de maestros con el consiguiente cierre paulatino del benemérito Instituto Superior Normal Católico Sedes Sapientiae, después de más de 65 años de extraordinaria labor con 7.155 maestros egresados, y del Instituto Superior Normal Adventista de Vinto, de creación más reciente.
Tampoco considera admisible que el Gobierno implante una educación unitaria, fijando los contenidos curriculares y dándoles una orientación ideológica de acuerdo con sus planteamientos políticos partidistas. Debajo de este monopolio educativo se descubre la pretensión autoritaria de indoctrinar a los estudiantes e impedir la formación de la conciencia crítica.
Hay que respetar el derecho fundamental a la libertad de los estudiantes y, en el caso de ser menores de edad, de sus padres a elegir el tipo de educación. Este derecho está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 26). La Ley de Educación, si bien declara ese derecho (art. 2, I y V), sin embargo, al monopolizar la formación de docentes y la fijación de los contenidos curriculares, viola ese derecho que debe ser libremente ejercido por cada persona de acuerdo a la propia conciencia y a las convicciones éticas y morales.
Este peligro en parte se ha aminorado al firmar la Iglesia Católica y el Estado Plurinacional en noviembre de 2011 el Convenio Sectorial de Educación. El Estado reconoce la libertad religiosa dentro de una legítima pluralidad y se obliga a “mantener y actualizar los ítems asignados para la disciplina de ‘Valores, espiritualidad y religión’ para todo el sistema educativo plurinacional”. En las unidades educativas fiscales, cuyos padres de familia demanden una educación religiosa católica, la Iglesia a través de su Delegación Jurisdiccional en coordinación con la Dirección Distrital respectiva nombrará a los correspondientes maestros (art. 5, I, 11). Con ello se abre también la puerta para que otras confesiones cristianas y otras religiones puedan solicitar un tratamiento similar.
Además el Convenio establece que la Iglesia Católica en sus propios centros educativos de convenio y particulares, a los que se reconoce una cierta amplitud de gestión, impartirá “la enseñanza y formación en valores, espiritualidad y religión católica, reconociendo y garantizando la liberad de pensamiento, valores, espiritualidad y culto de las familias y estudiantes, respetando el derecho de las madres y padres de elegir la educación de sus hijos (art. 5. II. 5).
Aun reconociendo el avance de esta concesión estatal, la Iglesia Católica no está satisfecha con la reforma educativa. No hay que olvidar que la educación religiosa en un sentido profundo no es sólo sectorial, sino que es transversal, ya que afecta a toda la malla curricular sobre todo en el ámbito social y cultural, ético y moral. Veamos algunos ejemplos. De poco valdría dar un espacio a la materia de religión católica o cristiana, si en las asignaturas sociales se inculcase el materialismo histórico y dialéctico propio del marxismo como la única lectura de la realidad. Igualmente sucedería si en la materia de historia o de culturas se subrayasen enfáticamente los puntos negativos de la Iglesia en relación con las culturas indígenas, ocultando los aspectos humanizantes de la evangelización. Asimismo se daría una contradicción con la enseñanza de la Iglesia si se impusiera la “ideología de género” que prioriza el placer sexual, tal como sucedió en España durante el gobierno socialista con la asignatura “Educación para la Ciudadanía”, que felizmente con el nuevo gobierno del partido popular ha sido sustituida por la “Educación Cívica y Constitucional”, más concorde con los valores humanos y cristianos.
Por ello la enseñanza social de la Iglesia, rechazando toda indoctrinación ideológica, proclama el derecho de los padres y de los mismos estudiantes para que la educación se abra a una legítima pluralidad, tanto en los contenidos curriculares como en la formación de los maestros, respetando la libertad de educación y de religión, concorde con la dignidad de la persona humana, creada por Dios a su imagen y semejanza.
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