Las aguas que discurren bajo el puente de la democracia y la libertad de expresión no están del todo tranquilas y amenazan con rebasar ciertos límites de la comprensión y el respeto a los derechos que tiene la ciudadanía en general, pero en particular quienes trabajan informando sobre los hechos cotidianos esforzándose para que los contenidos lleguen a destino sin ninguna distorsión y menos bajo la presión de amenazas contra la prensa y los medios.
La Ministra de Comunicación que se estrenó justamente anunciando que en su gestión se tratará el delicado problema, respondiendo a la decisión de una mesa de trabajo de la Cumbre Social, que pidió transformar la Ley de Imprenta y “ajustar” el trabajo de los periodistas y los medios, ratificó su posición a través de una entrevista periodística en la que dijo claramente que “si la prensa no se interesa en debatir la nueva ley, lo hará la sociedad”.
El planteamiento oficial es muy claro y nos muestra una faceta que tal parece no quiso mostrar el ex titular de Comunicación que prefirió dejar la delicada misión a la nueva funcionaria, que no esconde su interés de hacer cumplir el mandato de los “movimientos sociales”, utilizando la alternativa que se plantea en esta situación especial cuando “la nueva ley deberá adecuarse a la nueva CPE”, sólo que no se dice en qué parámetros, pues la Carta Magna es total y absolutamente responsable de defender la libertad de expresión y la libertad de prensa, además por supuesto de los derechos ciudadanos.
Algo rescatable en la intención ministerial es el hecho de “respetar el principio filosófico de la Ley de Imprenta”, que resulta una buena base para establecer un futuro tratamiento entre los sectores involucrados en el tema.
Sin embargo, por las experiencias acumuladas en varios años de lucha y que corresponden al actual proceso político, las cosas no siempre se han cumplido de manera favorable en la estrategia de buenas relaciones entre Estado o mejor entre Gobierno, periodistas y medios de ahí que estos últimos, los directamente involucrados en debatir este delicado asunto, plantean mínimas garantías para abordar una nueva experiencia de consideración del vital asunto que tiene que ver propiamente con las libertades y los derechos ciudadanos.
No es evidente que “la prensa no se interese en debatir una adecuada actualización de la Ley de Imprenta” pero ese proceso debe cumplirse bajo ciertas normas de respeto, seguridad y garantías que permitan dialogar con franqueza y asimetría, como sugirió un dirigente del periodismo, de modo tal que se rescaten las mejores propuestas, las sugerencias más positivas y las opciones más prácticas para incluir en la Ley de Imprenta lo que corresponde a los rubros de la radio, la TV y la Internet sin que tal propósito signifique vulnerar el contenido de la Ley de 1925.
Lo que corresponde en el tiempo presente es que los organismos de la prensa, gremiales y empresariales se pongan de acuerdo en la elaboración de propuestas de una legislación complementaria que se debata entre las partes interesadas, al margen de cualquier intromisión política y de “movimientos sociales” con intereses sectarios.
Se habla de una democratización de la comunicación y ese aspecto de verdad que tiene sus aristas en ambos sectores, las que deben limarse para que tanto los medios privados como la gran cantidad de los medios oficiales cumplan una misma normativa a favor de la comunidad, sometiéndose en igualdad de condiciones a las reglas de consenso que se aprueben para todos en general.
Fuente: LA PATRIA
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