De intenciones a los hechos

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Aunque no se puede asegurar el rumor que circuló en los medios próximos al Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM) a raíz del cambio de su titular, algo tuvo que suceder para que el ex dirigente minero acepte dar un paso al costado y ceder su posición a un ingeniero civil con cierta ascendencia en la Villa Imperial y tal parece en el entorno presidencial, pero además comprometido en cumplir algunas medidas radicales como la expropiación de propiedades mineras y de pronto lanzar un globito de ensayo sobre la nacionalización de la gran minería.

En realidad el nuevo ministro, ex prefecto de Potosí, disparó su primer dardo reconociendo la aspiración gubernamental por nacionalizar la gran minería nacional, como San Cristóbal, que en este momento constituye el mayor emprendimiento minero y el más grande de los últimos tiempos.

Para el nuevo titular del MMM el asunto es muy complejo (nacionalizar San Cristóbal) pero la intencionalidad ha sido remarcada como “una aspiración de nuestra gente que desea que la mayor cantidad de ganancias se queden en Bolivia”, esa fue la expresión contundente de Mario Virreira.

Volviendo a los comentarios en dependencias oficiales posiblemente esa fue una situación que no quiso afrontar el ex ministro, pensando en no alterar el curso de ciertas negociaciones con inversionistas extranjeros, especialmente en el caso del litio, el Mutún e inclusive en relaciones de la minería estatal.

Lo que en realidad se busca es que la actividad extractiva reditúe de manera equitativa y compensada al Estado por el uso de yacimientos de recursos naturales, permitiendo que tales ingresos económicos sirvan para encarar el desarrollo de regiones, municipios y departamentos donde se producen las actividades extractivas y que además se cumplan mínimamente los planes de seguridad ambiental que exige la ley del sector, evitando de ese modo la depredación de suelos o el hábitat en el entorno minero o petrolero.

Lamentablemente esa condición que no es bien entendida por los comunarios originarios, que toman el asunto al “pie de la letra” reclamando que los recursos “son del pueblo” y en tal condición aparecen los dueños de los terrenos que en su generalidad son los que se oponen a las tareas de exploración y las de prospección de terrenos para encarar proyectos gasíferos o mineros que desarrollados adecuadamente derivarían en grandes beneficios para esas regiones que se mantienen propiamente inertes y con tareas sólo de subsistencia para sus habitantes.

El presidente Morales en alguna ocasión mostró su enfado con exigencias de algunas comunidades, señalando que unos pocos (originarios) no podían postergar el desarrollo de grandes regiones, fue cuando los empresarios e inversionistas reclamaron cambios en ese proceso de la “consulta previa” y en la definición de priorizar el buen uso de nuestros recursos. Ahora estamos en la misma situación, con una variante que significa avanzar en procesos de nacionalización, que por lo visto no siempre son una buena solución.

Fuente: LA PATRIA