Lo de mina Himalaya no es más que una implícita nacionalización
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Algo muy serio está sucediendo en los niveles superiores del Gobierno cuando en cuestión de pocos días salen a relucir graves incoherencias que dejan muchas dudas sobre las seguridades que se ofrecen para captar inversiones, no sólo en minería sino también en el importante rubro de los hidrocarburos.
El Mandatario en su informe de gestión y poco después autoridades de su entorno mostraron quejas por las “pocas inversiones que se hacen en el país” para impulsar los principales rubros productivos, en una clarísima alusión al caso de las petroleras y la minería.
Una decisión reciente contra la Pan American Energy (PAE) pone en duda el futuro de las exportaciones de gas natural, se trata justamente de una petrolera que trabaja con capitales argentinos, por tanto con interés particular en las exportaciones que nuestro país tiene con el que preside Cristina Fernández y que se considera como el mercado más activo para nuestras exportaciones y que con seguridad hará pensar a los ejecutivos del país vecino sobre la vigencia de los convenios contraídos. La justificación boliviana sobre la estatización de la PAE señala que “esa firma estaba incumpliendo su rol de inversiones para que YPFB mejore su plan de exportaciones”.
Algo parecido sucede en el Mutún donde todavía no se ha dado la figura de una reversión, aunque tal posibilidad ya fue anticipada tiempo atrás porque la Jindal no estaba cumpliendo su programa de inversiones. Los ejecutivos de la empresa hindú aclararon que el Gobierno boliviano tampoco cumplía con varios aspectos comprometidos en el convenio y que tenían que ver con dotación de cierta cantidad de hectáreas de terreno, pero además con seguridades para la dotación de suficiente cantidad de gas para activar una moderna siderúrgica.
En el caso de la Mina Himalaya la cosa se presenta con características muy peculiares como queriendo “legalizar el avasallamiento” de que fue objeto esa empresa hace 4 años atrás, cuando “comunarios” del sector tomaron la mina violentamente, desalojaron a los trabajadores y sus familias y ocuparon las instalaciones más los bienes de la empresa privada que explotaba la concesión en base a un contrato legal y de plena vigencia.
Para cumplir el objetivo de expropiación se dio paso a una determinación conjunta entre el Ministerio de Minería, la Fstmb y Fencomin que acordaron de la manera más simple dar curso a la expropiación (nacionalización) de la Mina Himalaya que administraba la Empresa Minera Barrosquira Ltda., arguyendo además incumplimiento de contrato.
Como parte de la medida adoptada tras una reunión entre los delegados de los organismos señalados se recomienda además que “el Estado no otorgue ninguna compensación económica al operador de mina Himalaya”, lo que significa que no habrá ninguna compensación por los perjuicios ocasionados desde hace años por el avasallamiento y menos por la enajenación que ahora se ha dispuesto “legalmente”.
Ahora bien, la figura que se muestra a nivel país en cuanto a seguridad jurídica y garantías suficientes para invertir han caído a su máxima expresión, pues ya no es posible creer en esa necesidad de atraer inversionistas para encarar el desarrollo de grandes proyectos de productividad.
Quién mostrará interés en disponer de sus capitales y tecnología, sabiendo con claras muestras que sus concesiones pueden ser avasalladas sencillamente y como si fuera poco pasar a poder del Estado por la vía de la expropiación que no es otra cosa que una implícita nacionalización, además sin derecho a una indemnización legal por daños y perjuicios ocasionados, no hay ninguna garantía y en tales condiciones es muy difícil que se pueda captar inversiones.
Lo que hace falta es simplemente comprender cuál es el objetivo real de la intención oficial, cuando no se avanzó jurídicamente en la recuperación de la mina tomada y se permitió que los avasalladores exploten el yacimiento y hasta comercialicen el mineral extraído de una propiedad que no les pertenecía. Luego se soluciona el caso con un acuerdo entre organizaciones que definen la reversión de la mina avasallada y sin compensación, es todo y amén.
La realidad observada desde el punto legal no admite un abuso de tal dimensión, justamente en un país en que está vigente una nueva Constitución que respeta la propiedad y los derechos ciudadanos, pero que además necesita mostrar las más amplias condiciones de seguridad legal para asegurar toda una suerte de inversiones que permitan encarar sus más grandes planes de inversión con el uso de sus ingentes recursos naturales.
Si se habla de expropiación hay que entender como “desposeer a uno de su propiedad en forma legal y por motivos de utilidad pública”, muy concreto, mientras que también se menciona la reversión que significa “volver una cosa a su condición o estado primitivo, o a su primer dueño”, no hay dónde perderse para llegar a la nacionalización que no es otra cosa que “pasar a la colectividad la propiedad de ciertos medios de producción pertenecientes a particulares… para servir mejor al interés público y asegurar la independencia de un Estado”. No hay mayores argumentos para confluir en un hecho directo que constituye la recuperación de bienes para el Estado, aunque poniendo en riesgo las condiciones de seguridad y respeto que se reclaman cuando se trata de capitales privados para impulsar el desarrollo de una nación.
Frente a este hecho sólo falta una aclaración contundente del Gobierno para saber cuál será su política productiva en el futuro inmediato, especialmente para el tratamiento de nuestros recursos naturales, hidrocarburos y minerales, posiblemente sin inversiones externas que difícilmente se adecuarán a un estado de inseguridad y carente de garantías.
Medios – Agencia Uru
Fuente: LA PATRIA
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