A una semana de la celebración de otro aniversario de la revolución patriótica de los orureños en 1781, cuando se cumplen 231 años de esa acción que permitió abrir el cauce de las reivindicaciones por la libertad y la independencia del país, ahora en Oruro, los asambleístas preparan un paquete de leyes enunciativas que serían aprobadas para entregarlas como un regalo especial en la ocasión.
Por supuesto que el interés de algunos asambleístas es digno de mención al preocuparse de reconocer valores especiales a tradiciones y costumbres de nuestro medio, empezando por una que si bien ya tiene trascendencia a nivel nacional y mundial, ahora será también patrimonio cultural, histórico y material del Departamento de Oruro, la Diablada. Este elemento especial debería ser promulgado con motivo del próximo Carnaval.
Hay otros proyectos de leyes departamentales como el reconocimiento patrimonial que Oruro tiene del histórico Faro de Conchupata donde se izó por vez primera la tricolor boliviana actual y que tiene una fecha especial para tal recordación. Se perfilan otras leyes “declarativas” como la del charquekan, el rostro asado y el api, delicias de la culinaria típica de Oruro, como es de raigambre minera el mentado Tío de la mina y que como elementos indiscutiblemente tradicionales de Oruro merecen un reconocimiento especial.
De verdad que no hay oposición a ese deseo de los asambleístas que según se sabe han dedicado mucho tiempo de su labor cotidiana para llegar a la conclusión de que en un 10 de Febrero sería interesante aprobar leyes “declarativas patrimoniales”, enunciativas de valores según una apreciación más correcta y que la ciudadanía aplauda tan destacada propuesta.
Como queriendo justificar la carencia de otros instrumentos legales para encarar el desarrollo regional se menciona el caso de la quinua de Salinas de Garci Mendoza o la instalación de una fábrica de cemento, ambos casos de interés de la comunidad en general, como otra que permita a la Universidad de Oruro favorecer a estudiantes aventajados… sugerencias que abultan por supuesto el paquete de leyes para formar el regalo a Oruro.
Sin embargo, la situación de nuestro departamento necesita con urgencia de medidas prácticas y concretas para incentivar su verdadero desarrollo a partir de trabajar responsablemente en el establecimiento de la condición autonómica departamental que será la base de la nueva estructura administrativa regional.
A partir de esa ineludible condición debidamente consensuada y anulando la perjudicial dependencia del centralismo gobernante, hay que adelantar una serie de disposiciones que agilicen la conclusión de la carretera Oruro – Pisiga como parte importante del Puerto Seco, definir su ubicación de la manera más práctica evitando gastos insulsos y aprovechando lo que se tiene para emplazar la estructura administrativa de este anhelado proyecto.
Hay que dinamizar la actividad minera y exigir el financiamiento necesario para su reactivación productiva, disponiendo recursos para encarar planes de exploración y prospección en el departamento, donde no faltan yacimientos mineralizados que sólo esperan inversiones para convertirse en fuentes de empleo y rédito financiero para el país y para la región.
Hay leyes y leyes, urgencias y prioridades, decisiones y actitudes, hay que tomar conciencia de la realidad orureña para darle a nuestra comunidad las mejores condiciones de vida. Eso depende del criterio de quienes están en función pública o dirigen institucionalmente el destino del departamento.
Fuente: LA PATRIA
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