Acusados de peculado en la Alcaldía recobrarán su libertad

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Los dos acusados de peculado en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro (GAMO), a raíz de la pérdida de Bs. 165.000, hecho ocurrido el mes pasado; en las próximas horas serán puestos en libertad, con el cumplimiento de medidas sustitutivas, dispuestas por el juez de Instrucción Cautelar en lo Penal Nº 1, Gabriel Marco Chambi Mejía.

Esta determinación se realizó después de más de una hora que duró la audiencia solicitada por la defensa técnica de los imputados, para suspender la detención preventiva que emitió Chambi en la audiencia del domingo 15 de enero, en contra de las dos personas que están internas en el Penal de San Pedro.

La autoridad judicial además sostuvo que en atención a que ambos ciudadanos, (José Churqui y Rosemary Vargas) independientemente del depósito que hubiesen efectuado a objeto de presuntamente reparar el daño ocasionado en contra del municipio, acreditaron elementos como familia, domicilio y ocupación, que permiten garantizar su presencia en los actos del proceso penal sean investigativos o jurisdiccionales.

DEPÓSITO

Ambos imputados, en horas precedentes, depositaron Bs. 165.000, monto similar al que se habría sustraído de la caja central del municipio, depósito que de acuerdo a versión de la defensa técnica, no implica el reconocimiento de culpabilidad sino más al contrario demostraría una actitud voluntaria respecto a la importancia del daño resarcible, que incluso permitirá enfrentar el proceso penal instaurado en su contra por la presunta comisión del delito de peculado.

La audiencia celebrada de cesación de detención preventiva, no implica ni la inocencia ni la culpabilidad de la parte imputada ya que el proceso tiene un plazo de investigación de seis meses, conforme refiere el Código de Procedimiento Penal al término del cual el titular de la investigación emitirá un requerimiento conclusivo.

MEDIDAS SUSTITUTIVAS

La autoridad judicial añadió que en la audiencia de cesación se determinó medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre ellas la obligación de los imputados de presentación periódica ante el representante del Ministerio Público, su arraigo en territorio nacional y una fianza económica de 5.000 bolivianos por cada imputado.

“De acuerdo a lo que establece el Código de Procedimiento Penal, los imputados deben cumplir previamente con esas medidas a objeto de lograr su libertad provisional”, finalizó el Juez Chambi.

Fuente: LA PATRIA