No hay minería segura sin garantías a la inversión

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Ésta segunda quincena del primer mes 2012 ha estado pródiga en información referida a la actividad minera, aunque no toda con ribetes positivos o por lo menos con alentadores planes para el cumplimiento de ciertas metas fijadas para la gestión que entre otras cosas comienza con el cambio del titular del sector en el Ministerio de Minería y Metalurgia (MMM). El ministro José Pimentel fue sustituido por Mario Virreira, de quien no se hicieron conocer muchos antecedentes.

En lo que corresponde al distrito una apreciación del Secretario Departamental de Minería de la Gobernación señalaba que “por falta de inversión privada Oruro tiene menos regalías privadas que Potosí, existiendo una diferencia amplia de 80 millones de dólares”, agregando Walter Morochi, que pese a esa diferencia con el departamento vecino, Oruro ocupa el segundo lugar en la generación de regalías mineras a nivel nacional.

Potosí, además por los planes de exploración oportuna que se efectuó hace años atrás, determinó la potencialidad de sus yacimientos, estableciendo por ejemplo las condiciones más apropiadas para que tres grandes proyectos se desarrollen activamente, San Vicente, San Bartolomé y San Cristóbal, además del trabajo que pese a cierta resistencia continúa en el portentoso Cerro Rico donde la actividad minera es prioridad en los planes de ese departamento y por lo mismo está demostrado el interés de inversionistas que arriesgan capital y tecnología para trabajar los recursos naturales del rico suelo potosino.

En el caso de Oruro, demás está decirlo, evidentemente no se han producido mayores inversiones luego de las que efectuó Inti Raymi en el proyecto aurífero de Kori Kollo que prácticamente está liquidado y otra inversión menor en la zona de Iroco, próxima a la ciudad en el proyecto Kori Chaka, que también está en fase terminal.

Esos dos proyectos, considerados importantes, han desarrollado su cronograma de labores contra viento y marea, especialmente por la resistencia abierta de algunas organizaciones medio ambientalistas que han planteado resistencia al trabajo minero, pese a que hasta el presente no se ha podido demostrar daños directos contra la salud o los sistemas agro-ganaderos que se cumplen en las zonas aledañas a las operaciones.

Otro problema que alteró las condiciones de seguridad jurídica en el distrito de Oruro fueron varios avasallamientos a la propiedad privada minera, que no han sido resueltos, con graves daños para inversionistas que ojalá pudieran rehacer sus operaciones bajo las necesarias garantías legales y técnicas que sean respetadas por los comunarios avasalladores.

Las autoridades tienen que saber que los proyectos mineros son producto de largos periodos de exploración y prospección antes de comenzar con la fase de extracción minera, todo ese periodo previo se necesita justamente de total seguridad para seguir invirtiendo de tal suerte que los capitales aportados para establecer la potencialidad de yacimientos no aparezcan en riesgo por la acción avasalladora que no respeta condiciones de la propiedad privada y pública.

Las minas que aún están operando entre las estatales, las de convenio con el Estado y las cooperativas producen en cantidades muy inferiores a los volúmenes que registran las empresas asentadas en Potosí, por tanto es muy necesario que se dispongan las condiciones apropiadas en nuestro distrito para captar inversiones, definir proyectos y asegurar su desarrollo para que en un determinado periodo de tiempo comencemos a recibir beneficios económicos, como los que disfruta Potosí.

La política minera nacional debe establecer las condiciones más favorables para las inversiones a través de normas claras que incluidas en la nueva Ley Minera permitan captar el interés de industriales de la minería nacional e internacional dispuestos a ceder capitales y transferir tecnología, que son los dos elementos imprescindibles para encarar proyectos de explotación de nuestros recursos naturales.

Es sabido que hay muchos recursos en la Gobernación con destino a la minería, lamentablemente por posiciones más políticas que técnicas pues se priorizan rubros de eventualidad o de coyuntura partidaria en lugar de exigir un mayor porcentaje presupuestario para prospectos mineros, sabiendo que el rédito de los mismos permitirá consolidar un ingreso permanente de recursos para alentar todos los proyectos de la variada cadena productiva regional.

A propósito de la queja del Secretario de Minería de la Gobernación, el sector empresarial del departamento a través de su principal ejecutivo respondió esa opinión oficial señalando de manera contundente que “la inversión privada para minería será posible cuando haya seguridad jurídica”, así de claro y lograr esa meta es cuestión de decisiones específicas del Poder Ejecutivo y por supuesto de la propia Gobernación.

Agencia Uru y Medios

Fuente: LA PATRIA