Tomando como pretexto especial la “determinación propuesta por la cumbre social” para elaborar una ley marco de comunicación los actores del partido gobernante insisten en encarar tal proceso porque “ahí surgió un mandato de los sectores sociales” y tal parece que este punto es el de mayor interés para un sector del oficialismo que tiene entre ceja y ceja a los periodistas y los medios de comunicación.
En el ámbito de la mayoría de los asambleístas se trata de estructurar una Ley Marco de Comunicación y paralelamente establecer la modificación de la Ley de Imprenta vigente desde 1925 o quizás unir ambos aspectos y trabajar en una sola normativa, nueva y compatible con la Constitución.
De cualquier modo y por donde se vea el asunto el interés está centrado en cambiar la Ley de Imprenta con argumentos más o menos sólidos, pero igualmente dirigidos a imponer otro conjunto de regulaciones que favorezcan a intereses sectarios y no como corresponde a la Ley vigente que tiene alcance de aplicación plural y general en defensa de la Libertad de Expresión de todas las personas, sin exclusiones ni discriminaciones.
El sector del periodismo nacional reiterativamente ha expresado su parecer sobre los intentos de anular la Ley de Imprenta, señalando que esa norma no se toca, inclusive por estar reconocida plenamente por la propia Constitución.
Lo que parece una variable política de presión es que el asunto haya sido llevado a la agenda de una cumbre de movimientos sociales afines al partido gobernante, donde por supuesto el criterio de esa mayoría sectaria insiste en aplicar una ley marco que altere las libertades aún vigentes y el derecho a la información, no sólo de los periodistas más bien de la ciudadanía en general.
Los periodistas y los propietarios de medios han sido muy claros al mostrar los atributos de la Ley de Imprenta, instrumento que desde su promulgación es el escudo contra los abusos y los excesos de gobiernos irregulares en periodos de dictadura o los sistemas autoritarios que también estuvieron en épocas duras en contra de la democracia y los derechos humanos. La Ley de Imprenta entonces es la garantía de la práctica democrática de expresar ideas sin temores y sin restricciones, respetando al mismo tiempo los derechos fundamentales de las personas.
Ahora bien, los “movimientos sociales” apuntan de manera directa a modificar la Ley de Imprenta aunque ahora añaden el temperamento de que tal proceso se haría con participación plena de los sectores protagonistas de la actividad, como periodistas y empresarios de medios, lo que significa una variante más o menos admisible, si además entienden que cualquier plan sustitutivo será rechazado mientras que los mismos actores y los gremios de la prensa están en condiciones de trabajar en una ampliación y actualización de la Ley vigente para añadir de consenso lo que debe relacionarse con los elementos de la radiodifusión, la televisión y ahora la red de redes, el Internet.
El asunto sin embargo tendrá que ser discutido, analizado y consensuado en los niveles superiores de los organismos que agrupan a propietarios de medios tanto impresos como los audiovisuales y a los periodistas, cuyas instituciones deberán pronunciarse para permitir que la Ley de Imprenta pueda ser ampliada, pero en ningún caso alterada por las presiones políticas lo que significaría simplemente un atentado a la democracia y a las libertades ciudadanas.
Fuente: LA PATRIA
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